Pago de hipoteca

El dueño de un inmueble está preocupado porque no sabe cómo hacer para extinguir la hipoteca. Surge la pregunta: ¿cómo liberar el inmueble? En la práctica el problema se agrava cuando el acreedor es una institución financiera o un banco que ha dejado de existir. También, podría tratarse de una sucesión integrada por los herederos del acreedor hipotecario. Incluso, es probable que se ignore el domicilio actual o paradero del acreedor. Todo esto dificulta la obtención de la liberación de la hipoteca. El propietario del apartamento, quinta o terreno, quiere liberar la hipoteca y desconoce cómo lograrlo.

Otra interrogante muy frecuente es plantear la posibilidad de vender el inmueble aun con la hipoteca. El ciudadano común ignora que sí es válida la venta del inmueble con la hipoteca sin cancelar. Reiteramos, es legítima y permitida por la ley, la venta del inmueble hipotecado. Nuestro ordenamiento jurídico vigente establece que el comprador, al adquirir el inmueble con hipoteca, se subroga a ella. Esto quiere decir que el comprador se convierte en el nuevo deudor hipotecario, quien adquiere todas las obligaciones, condiciones y términos de pago que tenía su causante, léase, el anterior propietario. Y es que la hipoteca sigue al bien vendido y continúa en cabeza del nuevo propietario. El acreedor hipotecario sabe que si el deudor (comprador) no le paga, podrá hacer ejecutar la hipoteca o rematar el inmueble al mejor postor ante los tribunales.

En las circunstancias reseñadas, se trata del propietario de un bien con hipoteca que busca extinguirla y luego vender. No quiere vender con hipoteca ya que ello dificulta la negociación. Al comprador no le interesa adquirir la cosa con hipoteca, la pretende libre de gravámenes. Vender con hipoteca, aunque esté extinguida por el sólo hecho de haber transcurrido el lapso legal, es un verdadero obstáculo para el dueño. La hipoteca termina por orden del legislador al pasar veinte años contados desde su constitución. Pero la ley exige que el juez declare extinguida la hipoteca. Hasta que esto no ocurra, sobre el inmueble pesará el gravamen hipotecario. Por ello insistimos, la solución es vender con hipoteca y negociar el precio. De esa forma, el comprador asume la tarea de demandar al acreedor y le pedirá al juez que declare extinguida la hipoteca. Si lo anterior no es la voluntad del propietario actual del inmueble hipotecado, está obligado a demandar él mismo a su acreedor, para así obtener por vía judicial la liberación de su inmueble.

El juicio de liberación de hipoteca se constata con regular frecuencia en los juzgados del país. El propietario del bien hipotecado asistido por su abogado, demandará al acreedor, esto es, a la compañía que ya no existe pero que aún está inscrita en la oficina de Registro. O los miembros de la sucesión del acreedor serán llamados a juicio, mediante carteles publicados en la prensa. Puede ocurrir que el acreedor no acuda al juicio. En ese caso, el juez le nombrará un abogado. En la sentencia se leerá que la deuda (obligación principal) murió al vencer el plazo de diez años sin que el acreedor haya reclamado el pago. La hipoteca se extinguió al transcurrir veinte años, visto que el acreedor no pidió su ejecución. Por lo motivado, el juez declara extinguida la hipoteca y liberado el inmueble, ordenando la notificación al Registro Inmobiliario.

Manuel Alfredo Rodríguez. Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM. asomivis@gmail.com

Fuente: http://eluniversal.com/2009/10/13/opi_art_pago-de-hipoteca_13A2875771.shtml

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Viviendas blindadas

Es posible evitar que el dueño de una casa la pierda por las cobranzas de deudas

Es posible evitar que el dueño de una casa la pierda por las cobranzas de deudas efectuadas por sus acreedores. Es la solicitud judicial llamada: constitución de hogar. Esto significa que el inmueble quedará protegido en favor del grupo familiar: cónyuges e hijos. El propietario de la vivienda gozará de este beneficio una vez que el Juez la declare como hogar constituido. Quien pretenda constituir hogar debe acudir con escrito ante el Juez asistido por su abogado. Con la referida petición presentará el título de propiedad y una certificación expedida por el Registro Inmobiliario que demuestre que no existe gravamen o deudas sobre el inmueble, Art. 637 del Código Civil venezolano.

Los esposos al dirigirse al tribunal explicarán que son los únicos propietarios de un inmueble integrado por una parcela de terreno y la casa sobre ella construida (o de ser el caso, un apartamento). Identificarán el bien señalando su ubicación, superficie y linderos, según se evidencia del documento de propiedad inscrito en la oficina de Registro Inmobiliario. Reiteramos, deben consignar en el Juzgado, la certificación de gravámenes expedida por el Registrador de fecha reciente. Este documento prueba que el inmueble está libre de gravámenes (por ejemplo, hipotecas), embargos y/o prohibiciones de ventas. De manera que es obligatorio entregar al tribunal de la causa una copia certificada del título de propiedad del inmueble y la constancia que acredite que este se encuentra bajo el régimen de vivienda principal. Otros recaudos a exhibir son: una copia certificada del acta de matrimonio de los interesados y de la partida de nacimiento de cada uno de los hijos; aunado al requerimiento expreso de que sea decretada la Constitución de Hogar, previo avalúo o justiprecio del inmueble (Art. 638 C.C.).

El tribunal vista la solicitud de Constitución de Hogar y los documentos acompañados, la admitirá. Acto seguido ordenará publicar por carteles la solicitud de los cónyuges en un periódico de circulación nacional, durante noventa días, una vez cada quince días. En cuanto al nombramiento del perito avaluador, podrá designar a un arquitecto a quien notificará para que acepte o no el cargo. Este profesional tiene la tarea de fijar el valor o precio del inmueble mediante conocimientos técnicos expresados en un peritaje.

Una vez verificados los trámites de publicación de los Carteles se dejará transcurrir el término concedido a las personas interesadas que pretendan algún derecho sobre el inmueble. No existiendo objeción alguna el sentenciador declara constituido en hogar el inmueble en provecho de los esposos y de los hijos de estos. En tal virtud, explica el Juzgado en su fallo, el inmueble en cuestión, queda excluido o separado del patrimonio conyugal. En otras palabras, el bien no podrá ser embargado, rematado o ejecutado por ningún tribunal, ya no es prenda común de los acreedores aunque las deudas consten en documento público o sentencia. Por último, el tribunal exigirá que la solicitud y la declaratoria se inscriban en el Registro Inmobiliario respectivo, y se publique en la prensa. En Venezuela es común observar en los tribunales, las referidas solicitudes de constitución de hogar. El objetivo es proteger la casa o apartamento (vivienda principal) de las demandas por deudas no cumplidas. Con lo explicado: se logra blindar la vivienda.

Manuel Alfredo Rodríguez. Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB  y USM. asomivis@gmail.com

Fuente: http://www.eluniversal.com/2009/09/29/opi_art_viviendas-blindadas_1582937.shtml

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Alquileres bajos

La anacrónica legislación que rige la materia de inquilinato es la responsable de este fenómeno

La situación jurídica a analizar se presenta en aquellos inmuebles destinados a viviendas, cuya construcción data de más de medio siglo. En la actualidad, son ocupados por inquilinos que pagan rentas muy bajas. La mayoría de los habitantes de cada apartamento deposita los cánones de arrendamiento en los tribunales de la República. Así ha ocurrido por años. La edificación se encuentra en verdadero estado deplorable, vale precisar: la fachada, las "áreas comunes", servicios públicos (cableados de electricidad y teléfono), aguas negras y tuberías en general, evidencian ruina, colapso y peligro.

Al dueño del edificio no le ha sido posible llevar el inmueble al régimen de propiedad horizontal. La anacrónica legislación que rige la materia de inquilinato es la responsable de este fenómeno. Son diversos los recaudos y requisitos que deben cumplirse para la obtención del documento de condominio. Por otro lado, los inquilinos no manifiestan interés en invertir en el mantenimiento y buen uso del bien, por cuanto aducen que no les pertenece. ¿Quién es el perjudicado dada las circunstancias reseñadas? Sin lugar a dudas que el propietario del edificio. En efecto, corresponde a él pagar todos los gastos que genere la edificación y se niega a ello. ¿Cuáles son las razones por las que el dueño contraviene sus obligaciones? La respuesta se impone: la propiedad, además de haber dejado de producir ganancias, le acarrea pérdidas económicas. No sólo percibe alquileres irrisorios sino que debe pagar altos costos por la conservación del inmueble. Lo explicado conduce a que en el terreno de la realidad, el dueño abandone o no le interese el destino del edificio y, por tanto, de cada unidad que lo compone.

He aquí la oportunidad que tienen los inquilinos poseedores de cada apartamento para plantearle al dueño la voluntad de adquirir en propiedad el inmueble. Conforme a lo anotado es lógica, obligante y hasta persuasiva la conducta a asumir por el destinatario de dicha oferta de compra. De esta manera, los inquilinos dejan de ser "inquilinos", para convertirse en titulares de los derechos de propiedad habidos sobre el bien. Por supuesto, la tarea jurídica a desarrollar para el logro del objetivo trazado no es fácil.

Los abogados en Venezuela, al emitir segunda opinión legal, recomiendan al dueño del edificio que enajene la propiedad a una persona jurídica integrada por los ocupantes de los apartamentos. Pero ¿cómo fijar el precio de venta? Al respecto, el vendedor tiene que comprender que no es una venta al mejor postor, ni perseguirá un precio elevado. Por el contrario, quedará reservado a las partes alcanzar un arreglo provechoso. Para concretar: los adquirentes agrupados en una asociación civil dispondrán de un documento inscrito en la Oficina del Registro Inmobiliario Subalterno que acredite la propiedad del edificio en el activo de ésta. Más tarde, el ente social dará en venta cuotas de participación, mediante la autenticación del documento en presencia de fedatario público. En consecuencia, la cuota número uno será asignada en propiedad a quien habite el apartamento número uno, al pagar su precio. La cuota número dos se entrega por compra al poseedor del apartamento número dos, y así sucesivamente. Cada cuota de participación tiene un precio que va relacionado en atención al valor del apartamento en cuestión.

Manuel Alfredo Rodríguez. Abogado Litigante, profesor UCV, UCAB  y USM asomivis@gmail.com

Fuente: http://www.eluniversal.com/2009/09/22/opi_art_alquileres-bajos_1570466.shtml

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Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos

Minas e Hidrocarburos

(Gaceta Oficial Nº 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010)

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY DE ASIGNACIONES ECONÓMICAS ESPECIALES DERIVADAS DE MINAS E HIDROCARBUROS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen de asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos, en beneficio de las entidades políticos territoriales y las organizaciones de base del poder popular, de conformidad con lo previsto en el artículo 156, numeral 16, de la Constitución de la República.

Los recursos que tengan el carácter de asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos formarán parte de los ingresos del Fondo de Compensación Interterritorial, que son administrados por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, como órgano facultado para esto.

Artículo 2

Cálculo de las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos

Para el cálculo de las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos se procederá de la siguiente forma:

1. Del monto total de los ingresos fiscales recaudados durante el respectivo ejercicio presupuestario, por concepto de tributos y regalías contemplado en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, se deducirá el monto correspondiente por concepto de situado constitucional.

2. Del monto resultante según el numeral anterior, se constituirá un apartado presupuestario equivalente a un porcentaje mínimo del veinticinco por ciento (25%) de dicho monto, correspondiente a asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos. Este monto discriminará la cantidad proveniente por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas y la cantidad proveniente por Ley Orgánica de Hidrocarburos.

3. Las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos se distribuirán en beneficio de las entidades políticos territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular, en la forma que señala la presente Ley y tal como lo determine el Fondo de Compensación Interterritorial.

El monto por concepto de asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos será aprobado por la Asamblea Nacional tomando en cuenta la estimación presupuestaria formulada por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 3

Inversión de las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos

Las entidades político territoriales y las organizaciones de base del poder popular, deberán invertir las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos según lo establecido en la presente Ley, en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, sus reglamentos, y en los actos dictados al efecto por dicho Consejo.

Los recursos asignados a cada una de las entidades político territoriales y las organizaciones de base del Poder popular, se destinarán al financiamiento de proyectos seleccionados y aprobados por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley del Consejo Federal de Gobierno, sus Reglamentos, y en los actos dictados al efecto por dicho Consejo.

Artículo 4

Inversión conjunta entre dos o más entes

Las entidades político territoriales y las organizaciones de base del Poder popular podrán celebrar convenios especiales entre ellos, con el objeto de aprovechar en obras o servicios de interés común, de manera conjunta, los recursos que le fueren asignados por concepto de asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos.

TÍTULO II

DE LA DISTRIBUCION DE LAS ASIGNACIONES ECONÓMICAS ESPECIALES

Artículo 5

Asignaciones provenientes de la Ley Orgánica de Hidrocarburos

Del monto total de recursos por concepto de asignaciones económicas especiales provenientes de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, determinado conforme al Artículo 2 de la presente Ley, se deducirá una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) de dicho monto, a partir del cual se constituirá un apartado presupuestario con el cual se efectuará una asignación adicional para las entidades político territoriales en cuyo territorio se realicen procesos de refinación de hidrocarburos y procesos petroquímicos.

Estos recursos se consolidarán en un único monto y se distribuirán de acuerdo con la proporción de volúmenes de crudo refinados en cada estado, en el ejercicio fiscal anterior.

Del monto resultante, luego de efectuada la deducción a que refiere el encabezado del presente Artículo, se destinará el setenta por ciento (70%) a los estados en cuyo territorio se encuentran situados yacimientos de hidrocarburos, y el treinta por ciento (30%) restante será distribuido entre aquellos estados en cuyo territorio no existen dichos yacimientos.

Artículo 6

Asignaciones provenientes del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas

El monto determinado por concepto de asignaciones económicas especiales, proveniente del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, conforme al Artículo 2 de la presente Ley, se distribuirá proporcionalmente entre los estados en cuyos territorios se encuentren situados yacimientos mineros, sobre la base de los niveles de producción que se generen en cada estado.

Artículo 7

Distribución entre entidades y organizaciones de base del Poder Popular

A fin de determinar los porcentajes de distribución de las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos para las entidades político territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular, la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno aplicará el índice Relativo de Desarrollo (IRD), tomando como base las variables necesarias que permitan determinar los desequilibrios territoriales a través de estadísticas suministradas por los órganos y entes competentes a requerimiento de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno.

El cálculo del índice Relativo de Desarrollo (IRD) será efectuado por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, con base en las variables que considere conveniente, entre las cuales se considerarán el índice de Desarrollo Humano (IDH), el ingreso per cápita, el índice de pobreza y el esfuerzo tributario relativo.

Artículo 8

Criterios de distribución

Las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos, se distribuirán entre las entidades políticas territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular, con base en los porcentajes y criterios establecidos por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, atendiendo a mecanismos que garanticen la superación de las diferencias y desventajas entre las distintas entidades político territoriales y aseguren la compensación de éstas.

Artículo 9

Distribución de créditos adicionales

Cuando las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos tengan por origen créditos adicionales aportados como remanentes, no programados, ni presupuestados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior, serán distribuidas de la siguiente manera:

1. Treinta por ciento (30%) para los estados.

2. Veinte por ciento (20%) para los municipios.

3. Cincuenta por ciento (50%) para las organizaciones de base del Poder Popular.

TÍTULO III

DEL DESTINO DE LAS ASIGNACIONES ECONÓMICAS ESPECIALES

Artículo 10

Proyectos a ser financiados

Las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos atribuidas a las entidades político territoriales y a las organizaciones de base del Poder Popular, se destinarán exclusivamente a gastos de inversión en proyectos aprobados por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno.

Dichos proyectos deberán formularse conforme a los lineamientos y políticas de la Comisión Central de Planificación y del Consejo Federal de Gobierno.

Artículo 11

Coordinación regional y local

Las entidades territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular, coordinarán respectivamente con sus Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, con los Consejos Locales de Planificación Pública o con los Consejos Comunales, las inversiones derivadas de la aplicación de esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167, numeral 6, de la Constitución de la República.

A tales efectos, las entidades territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular deberán someter a la consideración de sus respectivos Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, con los Consejos Locales de Planificación Pública, o con los Consejos Comunales, el destino que propongan darle curso a los recursos provenientes de esta Ley.

Posteriormente, el Gobernador o Gobernadora, el Alcalde o Alcaldesa, el Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Capital y el Alcalde o Alcaldesa del Distrito del Alto Apure, incorporarán la propuesta aprobada en el respectivo proyecto de ley u ordenanza de presupuesto o de crédito adicional, que deba someter a la consideración del Consejo Legislativo Regional o Concejo Municipal, del Cabildo Metropolitano o del Cabildo Distrital, según corresponda.

Artículo 12

Funcionarios o Funcionarias responsables de la presentación y ejecución de proyectos

El Gobernador o Gobernadora de cada estado, el Alcalde o Alcaldesa de cada municipio, el Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Capital, el Alcalde o Alcaldesa del Distrito del Alto Apure y los representantes de las organizaciones de base del Poder Popular, tendrán a su cargo la presentación de los proyectos en las Unidades Receptoras Estadales (URE), así como la responsabilidad por la ejecución de los mismos, si éstos fueren aprobados por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, así como en su reglamento.

Artículo 13

Ejecución excepcional por el Poder Público Nacional

Excepcionalmente, los proyectos aprobados por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno podrán ser ejecutados por órganos o entes del Poder Público Nacional, pero dicha circunstancia deberá ser expuesta al presentar el proyecto y deberá contar con la autorización expresa de dicha Secretaría.

Cuando se acuerde la ejecución del programa o proyecto a través de algún órgano o ente del Poder Público Nacional, deberá suscribirse la encomienda convenida respectiva, debiendo hacerse la previsión correspondiente en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente, respecto del aporte del Ejecutivo Nacional.

EL Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, en la oportunidad de presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente, entregará como anexos los programas de inversión y convenios que deban ejecutarse conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 14

Reasignación de la ejecución de proyectos

La ejecución de los proyectos aprobados a los gobiernos estadales, municipales y las organizaciones de base del Poder Popular podrán ser reasignadas excepcionalmente a algún ente u organización distinto al cual se le hubiere aprobado originalmente, cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:

1. El ente u organización no hubiere iniciado la ejecución del proyecto transcurridos treinta días desde la fecha en que los recursos estén disponibles;

2. Incapacidad manifiesta y evidente para la ejecución del proyecto por parte del ente u organización solicitante;

3. Retrasos en la ejecución de las obras o acciones que el proyecto requiere de acuerdo al cronograma de ejecución aprobado, o;

4. Cualquiera otra situación que, a juicio de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, atente contra la concreción del proyecto y el disfrute de las ventajas que el proyecto represente para la población a la que estaba destinado.

Disposiciones Transitorias

Primera

Lo previsto en la presente Ley se aplicará a partir de la formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

La ejecución de recursos con cargo a la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos, para lo que resta del ejercicio fiscal 2010, serán transferidos por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, según las alícuotas ya previamente establecidas, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010 y según la programación de pagos correspondiente.

Segunda

Las situaciones no previstas en la presente Ley serán resueltas por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno.

Disposición Derogatoria

Única

Se deroga la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 5824 Extraordinario, de fecha 13 de octubre de 2006.

Disposiciones Finales

Primera

Las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos otorgadas a las entidades político territoriales se considerarán ingresos ordinarios para gastos de inversión en los proyectos.

El cálculo de las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos no podrá en ningún caso, disminuir el monto a distribuir entre los estados, los municipios, el Distrito Capital y el Distrito del Alto Apure, por concepto de situado constitucional o municipal, debiendo establecerse la partida correspondiente en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente a cada año.

Segunda

Los recursos provenientes de la aplicación de la presente Ley, solicitados por las entidades político territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular, se transferirán mediante la apertura de fideicomisos en la banca pública, previa aprobación del respectivo proyecto por parte de la Secretaría, del Consejo Federal de Gobierno.

Tercera

Los gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o alcaldesas, el Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Capital, el Alcalde o Alcaldesa del Distrito Alto Apure y los representantes de las organizaciones de base del Poder Popular deberán informar a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), a los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, a los Consejos Locales de Planificación Pública y a los Consejos Comunales, sobre la ejecución de los proyectos financiados con los recursos provenientes de la aplicación de la presente Ley.

Los organismos contralores competentes velarán por el correcto manejo de las asignaciones económicas especiales.

La información estadística sobre los recursos asignados y ejecutados por las entidades político territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular debe ser enviada trimestralmente a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

Cuarta

A los fines de salvaguardar los intereses de la ciudadanía, promover la participación, el seguimiento y control social de las políticas públicas por parte del pueblo venezolano, las entidades político territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular deberán mantener informadas a las comunidades organizadas.

Asimismo, las gobernaciones y alcaldías deberán incluir la desagregación hasta el nivel parroquial de los programas y proyectos a financiar con la presente Ley, así como publicar en los respectivos medios de comunicación regionales y alternativos, los programas y proyectos aprobados por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno.

Quinta

Las asignaciones económicas especiales de los estados, los municipios, del Distrito Capital, del Distrito del Alto Apure y de los Consejos Comunales quedarán incluidas en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente a cada año.

Sexta

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los diecisiete días del mes de junio de dos mil diez. Año 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

CILIA FLORES

Presidenta de la Asamblea Nacional

DARÍO VIVAS VELASCO

Primer Vicepresidente

MARELIS PÉREZ MARCANO

Segunda Vicepresidente

IVÁN ZERPA GUERRERO

Secretario

VÍCTOR CLARK BOSCÁN

Subsecretario

Promulgación de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos, de conformidad con lo previsto en el Artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miraflores, en caracas, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil diez. Años 200º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.

Cúmplase, (L.S.)

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo, ELÍAS JAUA MILANO

La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, MARÍA ISABELLA GODOY PEÑA

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, TARECK EL AISSAMI

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, NICOLÁS MADURO MOROS

El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, JORGE GIORDANI

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, CARLOS JOSÉ MATA FIGUEROA

El Ministro del Poder Popular para el Comercio, RICHARD SAMUEL CANÁN

El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, JOSÉ SALAMAT KHAN FERNÁNDEZ

El Ministro del Poder Popular para el Turismo, ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZ

El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, EDGARDO RAMÍREZ

La Ministra del Poder Popular para la Educación, JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA

La Ministra del Poder Popular para la Salud, EUGENIA SADER CASTELLANOS

La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, MARÍA CRISTINA IGLESIAS

El Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, FRANCISCO JOSÉ GARCES DA SILVA

El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

El Ministro del Poder Popular para el Ambiente, ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MAURICIO EDUARDO RODRÍGUEZ GELFENSTEIN

La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, ISIS OCHOA CAÑIZÁLEZ

El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLOS OSORIO ZAMBRANO

El Ministro del Poder Popular para la Cultura, FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS

El Ministro del Poder Popular para el Deporte, HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, NICIA MALDONADO MALDONADO

La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, NANCY PÉREZ SIERRA

El Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE

El Ministro de Estado para la Banca Pública, HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DÍAZ

Fuente: http://microjurisve.wordpress.com/2010/08/03/ley-de-asignaciones-economicas-especiales-derivadas-de-minas-e-hidrocarburos/

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GACETA OFICIAL: # 39.478 del 2 de agosto de 2010

SUDEBAN Normas Apertura Traslado Cierre Agencias Sucursales Oficinas Cajeros Automáticos Centros Atención

GACETA OFICIAL: # 39.478 del 2 de agosto de 2010
ENTE EMISOR: Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN)
NORMA: Resolución No. 375-10 del 21 de julio de 2010
OBJETO/TÍTULO: Normas para la Apertura, Traslado o Cierre de Agencias, Oficinas, Sucursales, Taquillas, Cajeros Automáticos o Electrónicos y otros Centros de Atención a Clientes y Usuarios, en el Territorio Nacional
VIGENCIA: A partir de su publicación en la GO
DEROGATORIA: Derogó la Resolución Nº 056-94 del 27 de mayo de 1994, publicada en la GO # 4.734 (EX) del 14 de junio de 1994 y la Circular Nº 10412 del 17 de noviembre de 1999
NOTA: Nueva regulaciones acerca de Taquillas Asociadas, de las Taquillas en general y otros Centros de Atención

RAV 47 Regulación Aeronáutica Venezolana Registro Aeronáutico Nacional

GACETA OFICIAL: # 39.478 del 2 de agosto de 2010
ENTE EMISOR: Instituto Nacional de Aeronáutica Civil  (INAC)
NORMA: Providencia Nº PRE-CJU-020-10 del 24 de febrero de 2010
OBJETO/TÍTULO: Regulación Aeronáutica Venezolana 47 (RAV 47) Registro Aeronáutico Nacional
VIGENCIA:A partir de su publicación en la GO
DEROGATORIA: Se derogó el RAV 47 publicado en la GO # 5.897 (EX) del 11 de noviembre de 2008

INAC Regulación Condiciones Generales Transporte Aéreo

GACETA OFICIAL: # 39.478 del 2 de agosto de 2010
ENTE EMISOR: Instituto Nacional de Aeronáutica Civil  (INAC)
NORMA: Providencia Nº PRE-CJU-353-09 del 14 de diciembre de 2009
OBJETO/TÍTULO: Regulación sobre las Condiciones Generales del Transporte Aéreo
VIGENCIA:A partir de su publicación en la GO
DEROGATORIA: Se derogó la Providencia Nº 002-04 publicada en la GO # 38.080 del 6 de diciembre de 2004 y la Providencia Nº 336-05 publicada en la GO # 38.322 del 25 de noviembre de 2005
NOTA: Se regulan entre otros aspectos lo relativo a los derechos de los usuarios, del transportista aéreo, al equipaje, la responsabilidad del transportista en materia de equipaje, procedimiento de conciliación 

POLICIAS Lista Nacional Regional Ciudadanos Consejo Disciplinario Cuerpo Nacional Estadal Municipal Reimprensión

GACETA OFICIAL: # 39.478 del 2 de agosto de 2010
ENTE EMISOR: ViceMinistro del Sistema Integrado de Policía del MPP de Relaciones Interiores y Justicia
NORMA:Providencias Nº 004 del 2/agosto/2010 (1) y Nº 003 del 30/julio/2010 (2)
OBJETO/TÍTULO: (1) Se corrige la Providencia Nº 003
(2) Se designan a los integrantes que conformarán el ConsejoDisciplinario del Cuerpo Nacional Bolivariana y demás Cuerpos dePolicía Estadales y Municipales
VIGENCIA: A partir de su publicación en GO
NOTA: Esto es una reimprensión. La primera publicación fue realizada en la GO # 39.477 del 30 de julio de 2010

SEGUROS Capitolio Modificación Junta Liquidadora

GACETA OFICIAL: # 39.478 de fecha 2 de agosto de 2010
ENTE EMISOR: Superintendencia de Seguros
NORMA: Providencia Nº 001912 del 21 de julio de 2010
OBJETO/TÍTULO: Modificación de la Junta Liquidadora de  la empresa C.A. de Seguros Capitolio
VIGENCIA: A partir de su publicación en GO
NOTA 1: LaJunta Liquidadora estará integrada por las personassiguientes: Yadira Lisbeth Rivas Zabala y José Gregorio Guadamo
NOTA 2:  Sólo están autorizados a realizar actos de simple administración, salvo que tiene prohibido contratar nuevo (SIC) personal, suscribir nuevos contratos de servicios o de adquisición de bienes; requiere aprobación de la Superintendencia de Seguros
NOTA 3: Cualquier enajenación de bienes que pretenda efectuar laJunta Liquidadora deberá realizarse a través del procedimiento de subasta pública

LABORAL Convocatoria Discusión Contrato Colectivo Panaderías Similares Distrito Capital Estado Miranda

GACETA OFICIAL: # 39.478 del 2 de agosto de 2010
ENTE EMISOR: MPP del Trabajo y Seguridad Social
NORMA: Resolución Nº 7120 del 28 de julio de 2010
OBJETO/TÍTULO: Convocatoria a las empresas ubicadas en el Distrito Capital y Estado Miranda para la discusión de Convención Colectiva de Trabajo que laboran en las áreas de Panaderías, Pastelerías, Rosticerías, Biscocherías, Pizzerías, Fábricas de Empanadas y Pasteles de Harina, Galleterías, Fábrica de Tequeños, Panificadoras, Bombonerías, Similares y Conexos
VIGENCIA: A partir de su publicación en la GO

Fuente: http://iusdata.blogspot.com

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El Tribunal Supremo DESTITUYÓ JUECES CASO ALLIEGRO

El Tribunal Supremo sancionó a 16 jueces en un solo día. La mayoría de los jueces son provisorios y no gozan de estabilidad. Dieciséis jueces fueron destituidos o suspendidos de sus cargos por el Tribunal Supremo de Justicia en un solo día.
Esto ocurrió el pasado 21 de julio, según las resoluciones de la Comisión Judicial, instancia encargada de realizar los nombramientos y las destituciones de los jueces provisorios y temporales y que es dirigida por la presidenta del máximo juzgado, magistrada Luisa Estella Morales.
Entre los funcionarios sancionados figuran los magistrados Juan Carlos Villegas y José Alonso Dugarte, quienes por ser provisorios recibieron un comunicación en la que les anunciaban que sus designaciones quedaban sin efecto; y Ángel Zerpa, el cual por ser titular fue suspendido. LOS SANCIONADOS INTEGRABAN LA SALA 9 DE LA CORTE DE APELACIONES DE CARACAS Y LAS MEDIDAS LAS ADOPTÓ LA COMISIÓN JUDICIAL LUEGO DE QUE ELLOS DECLARARAN PRESCRITO EL PROCESO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LE SEGUÍA AL EX MINISTRO DE LA DEFENSA, GENERAL (R) ÍTALO DEL VALLE ALLIEGRO, POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN LOS SUCESOS DE FEBRERO Y MARZO DE 1989.

No obstante, ese mismo día también fueron removidos tres jueces en Trujillo y Zulia y uno en Falcón, Cojedes, Portuguesa, Apure, Mérida y Guárico. Todos los afectados eran provisorios o temporales; es decir no gozaban de estabilidad y eran de libre nombramiento y remoción.

(El Universal, 03-08-10).

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