Sentencia de una Juez que dice que ha sido “ELEGIDA” acepción POR EL MISMISIMO DIOS

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO. EXTENSIÓN PUERTO CABELLO.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio de Puerto Cabello
Puerto Cabello, 16 de Enero de 2008
197º y 148º

ASUNTO PRINCIPAL : GP11-P-2007-000063
ASUNTO : GP11-P-2007-000063

SENTENCIA DE JUICIO ORAL Y PUBLICO TRIBUNAL UNIPERSONAL.

Juez en Funciones de Juicio 1: Anna María Del Giaccio Celli.

Secretario: José Camacho.

Fiscal Noveno del Ministerio Público: Thais Ruíz Rojas.

Defensa: Daisy Mendoza. Defensa Privada.

Delito: Porte Ilícito de Arma de Fuego.

Víctima: Estado Venezolano.

Decisión: Sentencia Condenatoria.

Acusado: Yoel Enrique Rebolledo Gámez, venezolano, natural de Puerto Cabello, Estado Carabobo, de fecha de nacimiento 14/07/1987, de 20 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 20.144.266, estado civil: soltero, profesión u oficio: obrero, hijo de Ana María Gámez y de Yoel Rebolledo, residenciado en Santa cruz, las Populares, calle 8, casa N° 03, Puerto Cabello, Estado Carabobo.

Enunciación de los hechos objeto del Juicio.

La Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, Thais Ruíz Rojas imputó al acusado de autos, Yoel Enrique Rebolledo Gámez, ampliamente identificado con anterioridad, la comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, en perjuicio del Estado Venezolano, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal venezolano vigente, señalando que el mismo es responsable del delito aludido por cuanto:

"En fecha 17 de enero de 2007, siendo aproximadamente las 08:30 horas de la noche encontrándose en labor de servicio como Comandante de la Unidad RP-202, el Cabo Primero Leonardo Tromp Placa 1910 de la Policía de Puerto Cabello, Estado Carabobo, en compañía del Cabo Segundo José Morillo, Placa 1909, específicamente en la Avenida Bolívar adyacente al Banco Exterior de esta ciudad, cuando vieron a dos sujetos en actitud sospechosa a bordo de un vehículo, clase moto, quienes al notar la presencia policial emprendieron veloz huída por lo que se produjo una persecución, logrando darle alcance a la altura de la segunda calle de Segrestaa, diagonal al Cuerpo de Bomberos, frente a la cancha deportiva, en esta ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Se realizó la revisión corporal a los sujetos, logrando incautarle al ciudadano Robolledo Joel Enrique, un (01) arma de fuego tipo pistola, sin marca ni serial visible, calibre 9 milímetros, con su respectiva cacerina, de once cartuchos del mismo calibre sin percutir. Tal como sido indicado por esta Representación Fiscal, con el desarrollo y evacuación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en su oportunidad y admitidas en la audiencia preliminar, por ser útiles, necesarias, legales, pertinentes para el esclarecimiento de los hechos que se ventilan, será demostrado la culpabilidad del ciudadano acusado, motivo por el cual solicito la declaratoria de culpabilidad y condenatoria del mismo por el delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego." (Sic. Omissis)

De los argumentos esgrimidos por la Defensa.

Seguidamente se le concedió la palabra a la defensa, Daisy Mendoza. quien expuso:

"En vista de que mi defendido manifestó su voluntad de confesar, solicito le sea cedida la palabra."

Oída por parte del Tribunal, la exposición de la defensa y previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, es decir, la Juez impuso al acusado del Precepto Constitucional previsto en el artículo 49, ordinal 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual lo exime de confesarse culpable o declarar contra sí mismo, se le explicó con palabras claras y sencillas, pero precisas, los hechos que le son imputados por el Ministerio Público, el referido acusado procedió a identificarse como: Yoel Enrique Rebolledo Gámez, venezolano, natural de Puerto Cabello, Estado Carabobo, de fecha de nacimiento 14/07/1987, de 20 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 20.144.266, estado civil: soltero, profesión u oficio: obrero, hijo de Ana María Gámez y de Yoel Rebolledo, residenciado en Santa cruz, las Populares, calle 8, casa N° 03, Puerto Cabello, Estado Carabobo, y libre de coacción y apremio expuso:

"Confieso haber cometido el delito de porte ilícito de arma, en la forma señalada por el Ministerio Público. Es Todo."

El Ministerio Público, se abstuvo de formular preguntas, de igual manera la defensa y el Tribunal.

La ciudadana Fiscal Noveno del Ministerio Público Thais Ruíz Rojas, frente a la confesión del ciudadano acusado, expuso:

"Desisto de las pruebas que presenté en su oportunidad legal, visto que no tengo nada que probar frente a la confesión del acusado."

La ciudadana Defensora Privada, Daisy Mendoza, expuso:

"Desisto de las pruebas que presenté en su oportunidad legal, visto que no tengo nada que probar frente a la confesión de mi patrocinado y solcito del Tribunal le sea impuesta la pena correspondiente."

Valoración de la declaración del acusado:

La declaración del acusado, resultó ser una confesión del hecho punible que le fue imputado por la representación fiscal.

Frente a tal declaración por parte del acusado de autos, y entendiendo que el mismo libre de coacción y apremio manifestó expresamente su participación en el delito, considera el Tribunal que lo procedente en el caso de marras pronunciarse sobre la culpabilidad del mismo, tomando en consideración su dicho y proceder a la aplicación de la pena a que hubiere lugar, máxime frente al renuncia de las pruebas por parte del Ministerio Público y de la Defensa Pública.

De la motivación del Tribunal.

Acusó la Representación Fiscal al ciudadano: Yoel Enrique Rebolledo Gámez, venezolano, natural de Puerto Cabello, Estado Carabobo, de fecha de nacimiento 14/07/1987, de 20 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 20.144.266, estado civil: soltero, profesión u oficio: obrero, hijo de Ana María Gamez y de Yoel Rebolledo, residenciado en Santa cruz, las Populares, calle 8, casa N° 03, Puerto Cabello, Estado Carabobo, por la comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, en perjuicio del Estado Venezolano, delito este previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal venezolano vigente.

Previo a la determinación de los hechos que estimó acreditados el Tribunal en la audiencia de Juicio Oral y Público considera necesario quien decide realizar las siguientes consideraciones:

En todo proceso penal, se busca la verdad de los hechos, lo cual tiene serios fundamentos doctrinarios jurídicos y prácticos, y es el deber de quienes como yo, fueron elegidos por Dios y consagrados por la Constitución y la Leyes para Administrar Justicia, que la verdad, sea completa, oficial, pública e imparcial, obligación por mí asumida hacia el acusado, hacia las víctimas de un delito determinado y hacia la sociedad en general, a los fines de descubrir y sancionar a los culpables, y así afirmar la Democracia y el control ciudadano.
En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa como en cualquier otro que sea objeto de juicio oral y público, debe en primer lugar el Juez realizar un proceso de perfecta adecuación de los hechos objeto de juicio, al tipo o tipos penales por los cuales acusó el Ministerio Público, dicha teoría es la piedra angular de la dogmática jurídico-penal, más aún, la tipicidad o necesidad de que los delitos se acuñen en tipos concretos y no en descripciones vagamente genéricas, es también el fundamento del Derecho Penal liberal porque pone como condición indefectible, para poder castigar a alguien, que su conducta haya estado descrita como punible con anterioridad a la fecha del castigo, y que este castigo también haya sido advertido con anterioridad a la conducta que se pretende castigar. Este principio -"No hay crimen sin tipicidad"- es garantía de la libertad y de la seguridad jurídica, así como una de las bases sobre las que se construyó la teoría del delito:
Debe en segundo lugar analizar el Juez, que para que exista la comisión de un hecho punible, debe existir en el mundo real, por parte del sujeto agente, la reproducción de la norma penal y, si no, hay un aspecto negativo de la tipicidad: la ausencia de tipo, enunciada, en el artículo 1° del Código Penal: "Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente…".
Por todo ello es de vital importancia respetar el tipo legal: bien sea para no castigar al que no adecua su conducta a la descripción típica, o para castigar al que sí reproduce ésta, con el fin establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, la consagración de nuestro País como un Estado Social de Derecho y de Justicia.
Así pues, para el jurista, toda conducta que no pueda incluirse en los tipos descritos por la ley -lo atípico-, por muy injusta y culpable que sea, es una conducta no penable; y, viceversa, la conducta típica es una conducta penable en la medida de la conminación penal adecuada a ella, en unión con los demás preceptos legales que afectan a la punibilidad.
Luego del análisis que precede, debe el Juez analizar los argumentos esgrimidos por la defensa, y valorar a la luz del mandato impuesto por el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal la confesión del acusado siendo esta la única prueba presentada durante el Juicio Oral y Público, en relación con la sana crítica.

La valoración de las pruebas se cumple en la fase decisorio del proceso, pero quizá sea mejor decir que en esta fase se expresa el resultado de la valoración probatoria, el gran razón de que no se puede negar que a través de inmediación el juez va formando su opinión o juicio a medida que toma contacto con los medios de prueba objeto del debate.

En el caso concreto, quien decide al observar que el acusado aún sabiendo que en esta fase del proceso penal, el reconocimiento de la participación en el hecho punible, no supone rebaja alguna en la pena a imponer, decide confesar su participación en el hecho por el cual se le acusa, infiere que indefectiblemente el mismo participó en el mismo, de lo contrario permitiría la evacuación de los testigos citados a declarar, así como el resto de las pruebas promovidas en la fase intermedia del proceso.

Con fundamento en lo anteriormente señalado, este Tribunal estimó acreditado los siguientes hechos:

1.- En fecha 17 de enero de 2007, siendo aproximadamente las 08:30 horas de la noche encontrándose en labor de servicio como Comandante de la Unidad RP-202, el Cabo Primero Leonardo Tromp Placa 1910 de la Policía de Puerto Cabello, Estado Carabobo, en compañía del Cabo Segundo José Morillo, Placa 1909, específicamente en la Avenida Bolívar adyacente al Banco Exterior de esta ciudad, cuando vieron a dos sujetos en actitud sospechosa a bordo de un vehículo, clase moto.

2.- Que los ciudadanos que tripulaban la moto, al notar la presencia policial emprendieron veloz huída por lo que se produjo una persecución.

3.- Que los funcionarios de la Policía de esta ciudad, lograron darle alcance a los sujetos a la altura de la Segunda calle de Segrestaa, diagonal al Cuerpo de Bomberos, frente a la cancha deportiva, en esta ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo.

4.- Que los funcionarios de la Policía de esta ciudad, amparados en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, al realizarle la revisión corporal a los sujetos, logrando incautarle al ciudadano Robolledo Joel Enrique, un (01) arma de fuego tipo pistola, sin marca ni serial visible, calibre 9 milímetros, con su respectiva cacerina, de once cartuchos del mismo calibre sin percutir.

Dispositiva.

Hechas las consideraciones que preceden, este Tribunal en Funciones de Juicio N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo Extensión Puerto Cabello, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: Primero: Se declara Culpable de la comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal venezolano vigente, en perjuicio del Estado Venezolano, al ciudadano: Yoel Enrique Rebolledo Gámez, venezolano, natural de Puerto Cabello, Estado Carabobo, de fecha de nacimiento 14/07/1987, de 20 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 20.144.266, estado civil: soltero, profesión u oficio: obrero, hijo de Ana María Gámez y de Yoel Rebolledo, residenciado en Santa cruz, las Populares, calle 8, casa N° 03, Puerto Cabello, Estado Carabobo, y en consecuencia, lo condena a cumplir la pena de tres (03) años de prisión, pena esta que resulta de la aplicación del límite inferior previsto en el mocionado artículo tomando en consideración las atenuante consagradas en los numerales 1 y 4 del articulo 74 del Código Penal. De igual manera se condena a las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal. Segundo: Se le condena al pago de las costas procesales, conforme al artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal. Tercero: Por cuanto el ciudadano se encuentra en libertad, de conformidad con el artículo 272 constitucional cumplirá la pena de esa manera y a los fines de garantizar el cumplimiento de la misma hasta la ejecución de la sentencia por el Tribunal competente, se impone continúe presentándose ante la Unidad de Alguacilazgo. Cuarto: Remítanse las actuaciones al Tribunal de Ejecución, en la oportunidad correspondiente.

Esta sentencia se publica en la fecha indicada al inicio de la misma.

Publíquese. Regístrese. Diarícese y déjese copia certificada de la presente decisión.

Dada firmada y sellada en la Sala de audiencias de este Tribunal, en Puerto Cabello a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2008.

Anna María Del Giaccio Celli.
Juez Titular de Primera Instancia en lo Penal
en Funciones de Juicio 1
del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo
Extensión Puerto Cabello.

El Secretario,

Abogado. José Camacho.

AMDG/ amdg.
GP11-P-2007-000063

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Gestiones legales

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Conozca en qué ocasiones es requerido un documento y la oficina donde puede solicitarse

El objeto de las líneas siguientes es precisar algunas diligencias de uso corriente en el campo jurídico. Conocer en qué ocasiones es requerido un documento en particular y la oficina donde puede solicitarse. Por ejemplo, el permiso de viaje para los menores de edad es necesario cuando uno sólo de los progenitores saldrá del país con estos. Debe presentarse ante la Notaría Pública un escrito redactado y visado por un abogado. Contendrá los datos de identificación de los padres y los menores, la información de los vuelos de salida y regreso al país de origen, la persona que se hará responsable de ellos, y la autorización expresa del cónyuge que no viaja. Para esa actuación y las que se detallan en seguida, es fundamental exhibir la cédula de identidad original o el pasaporte de cada uno de los otorgantes.

En lo relativo a la vigencia del pasaporte o la cédula de identidad, lo ordinario es acudir, vía Internet, a la página de la Onidex. Al imprimir la planilla, se bajan tres originales a ser suscritos por el interesado. El sistema señalará la oficina a la que habrá que dirigirse, esto se establece considerando el domicilio del usuario. Las niñas, niños y adolescentes están exentos de pagar las unidades tributarias. En cuanto a la cédula de identidad, la página web informa el lugar y la fecha de la ubicación de las unidades móviles de cedulación. Cuando se requiere por primera vez la cédula de identidad, hay que llevar la partida de nacimiento original. Esto se da en caso de ser venezolano por nacimiento, ya que de ser naturalizado, se exhibirá la Gaceta Oficial. Para la renovación y duplicados de la cédula de identidad de venezolanos, se acompañará la fotocopia de la cédula de identidad o la reseña dactilar firmada y sellada por la oficina de Dirección de Dactiloscopia.

La Partida de Nacimiento podrá ser peticionada en la Jefatura Civil más próxima al lugar de nacimiento del niño o niña. Los requisitos son: la cédula de identidad de los padres, el original del Acta de Matrimonio, en caso de no estar casados acudirán ambos padres, y la tarjeta expedida por la clínica. Asimismo, para el "Reconocimiento de un hijo", se acudirá a la prenombrada oficina pública donde fue presentado el menor. Se consignará la cédula de identidad de la persona que demanda el reconocimiento: padres, representantes o familiares. Aunado a lo anterior, el abogado redactará el escrito correspondiente a ser autenticado ante Notario Público. Si el hijo es mayor de edad, la Ley dispone la autorización de éste. Del mismo modo, para obtener la Partida de Defunción hay que dirigirse a la Jefatura Civil de la jurisdicción donde se produjo el deceso. Se anexarán la cédula de identidad del difunto y la constancia expedida por el médico tratante o por el funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) según las circunstancias.

Varias autoridades son las competentes para cumplir las diligencias propias del Matrimonio Civil. Los interesados pueden trasladarse a la Jefatura Civil de la parroquia en la cual habitan. O, si prefieren, actuarán en el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil o en la Alcaldía, según el domicilio de los contrayentes. Es indispensable adjuntar el justificativo de soltería a ser evacuado en la Notaría Pública. Si existen capitulaciones matrimoniales registradas, se hacen valer en ese momento.

ABOGADO LITIGANTE. PROFESOR UCV, UCAB  Y USM WWW.IGUALA.COM.VE

Por: Manuel Alfredo Rodríguez. Fuente: http://opinion.eluniversal.com/2009/07/07/opi_art_gestiones-legales_1460760.shtml

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Inadmisible solicitud de antejuicio de mérito contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

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El Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de su presidenta, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, declaró inadmisible la solicitud de antejuicio de mérito presentada por los abogados Guillermo Morena Alcalá y Octavio Tovar Chacín, contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, por la presunta comisión del delito de traición a la patria, previsto en el artículo 464.3 del Código Orgánico de Justicia Militar. La acción fue interpuesta el 4 de marzo de 2008 alegándose, entre otras cosas, que en un programa Aló Presidente de ese mismo año el Primer Mandatario venezolano, ordenó al Ministro de la Defensa “movilizar 10 batallones militares y el despliegue de la aviación militar a la frontera con la hermana República de Colombia, y solicitó al canciller (sic) Nicolás Maduro cerrar la embajada (sic) de Venezuela en Bogotá (…)”, según se esgrimió en el escrito presentado ante la Sala Plena.

Recordó el Juzgado de Sustanciación que la tramitación de la solicitud de antejuicio de mérito, requiere en primer término, la capacidad procesal del querellante, obviamente determinada por su condición de víctima del delito que se invoca cometido por el funcionario acusado. Condición de víctima que viene determinada de acuerdo a la inmediatez del daño que el mismo pudiera haber causado al querellante.

En ese sentido indica la sentencia que en el presente caso, el daño que pudiera generar los hechos imputados “no afecta de manera inmediata o directa a los querellantes, y por tal razón, los legitimados para activar el mecanismo para poner en movimiento a esta Suprema Jurisdicción mediante la solicitud de antejuicio de mérito, en aquellos casos donde dichos hechos constituyan delito, son los organismos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la representación del Estado.”

Agrega el dictamen que los solicitantes tampoco aportaron elementos probatorios que permitan apreciar que los hechos atribuidos al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y en los cuales fundan su solicitud, configuren la comisión de delito alguno, menos aún, el de traición a la patria, toda vez que, se reitera, el procedimiento penal especial del antejuicio de mérito, tiene por objeto declarar la certeza de si hay lugar o no al enjuiciamiento del alto funcionario del Estado, contra quien el Fiscal General de la República o la víctima del delito, en su caso, se hayan querellado en razón de la relevancia que dichos hechos tengan en el mundo jurídico penal, es decir, que se subsuman en un tipo penal que sancione la conducta como antijurídica, siendo que en el presente caso, el actuar del prenombrado ciudadano estuvo enmarcado en el respeto a la soberanía de los Estados dentro del ámbito de las relaciones diplomáticas internacionales.
En vista de lo anterior el Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena concluyó que Guillermo Morena Alcalá y Octavio Tovar Chacín no ostentan la legitimidad procesal para solicitar antejuicio de mérito contra el Primer Mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías, por la comisión del delito de traición a la patria. Ver sentencia aqui.

Fuente: http://www.noticierolegal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2389:inadmisible-solicitud-de-antejuicio-de-merito-contra-el-presidente-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-&catid=20:tribunal-supremo-de-justicia&Itemid=25

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Nueva jurisprudencia sobre la acción de simulación (acumulación, valor de fotografías, anuncios, acción pauliana)

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Tsj.gov.ve, 2010

· Del convenimiento o transacción con algún litisconsorte

· De la Acumulación de procedimientos en la simulación

· De la Indeterminación del tipo de nulidad contractual

· La acción puliana y la simulación

· Validez de las fotografías en Juicio y su ratificación por vía testifical

· El vicio de inmotivación en la sentencia

· Aplicación del art 466 para el caso de avaluos.

· Avisos publicatarios como referencia para valorar un inmueble

· La carga de la prueba

· VOTOS SALVADOS

"…En el juicio por simulación de venta intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, por el ciudadano PABLO PIERMATTEI CLERICUZIO, representado judicialmente por los abogados Jeannie Piñero Ávila, Yomeli Guyon Bolívar, Ely Peraza Vargas, Manuel Alfredo Rodríguez y Luís Mejías Sarmiento, contra los ciudadanos ALFREDO JOSÉ FLORES GONZÁLEZ, REINA GARCÍA CORVO DE FLORES, ANA DE JESÚS CORVO DE GARCÍA, MARÍA EUGENIA FLORES ALVIAREZ y CARMELA GERRATANA CARDOZO, los tres primeros representados por los abogados Antonio José Flores Muñoz, Aquiles José Vásquez, Héctor Díaz Morales y José Crispín Flores Muñoz, la cuarta por José Simón González Ochoa, y la última por Galmir Gerratana Cardozo y Zora Escalona; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío, dictó sentencia en fecha 18 de febrero de 2008, declarando con lugar la demanda, sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, confirmando la decisión del a quo de fecha 11 de noviembre de 1999. En consecuencia, declaró la nulidad de los contratos de compra-venta realizados por los codemandados de conformidad con el artículo 1.281 del Código Civil.
Contra el referido fallo de alzada la representación judicial de los codemandados Alfredo José Flores González y Carmela Gerratana Cardozo, anunciaron recurso extraordinario de casación, los cuales fueron admitidos y oportunamente formalizados. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, se dio cuenta en Sala, correspondiendo la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las consideraciones siguientes:
PUNTO PREVIO
Ante la Secretaría de esta Sala fué presentado en fecha 17 de marzo de 2.009, a las 1:35 p.m., el escrito de formalización del co-demandado Alfredo José Flores González, en el que se formularon varias denuncias por defectos de actividad y por infracción de ley. En fecha 18 de marzo de 2009, siendo las 11:12 a.m., fue consignado escrito de formalización de la co-demandada Carmela Gerratana Cardozo, en la que igualmente formularon varias denuncias por defectos de actividad y por infracción de ley.
La Sala conforme al orden cronológico de presentación de los escritos de formalización establece que: Conocerá primero de las denuncias por defecto de actividad formuladas por el co-demandado Alfredo José Flores González, por haber consignado su escrito con antelación a la otra co-demandada, y seguidamente conocerá de las denuncias por defecto de actividad formuladas por la co-demandada Carmela Gerratana Cardozo, y de no ser procedente alguna de ellas, pasará a examinar las de infracción de ley formuladas por ambos formalizantes, en el orden de presentación de sus escritos, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
CO-DEMANDADO ALFREDO JOSÉ FLORES GONZÁLEZ
I


Para decidir, la Sala observa:
Se asevera que la sentencia dictada por la alzada resulta inmotivada, y al examinar las razones que han sido expuestas por el formalizante para fundamentar su dicho, la Sala estima oportuno citar el criterio que respecto al vicio de inmotivación ha sido sostenido entre otras, en la sentencia Nº 231 de fecha 30 de abril de 2002, juicio Nory Raquel Quiñonez y otros contra Instituto Autónomo de Policía del Estado Yaracuy y otro, expediente Nº 01-180, y ratificado en fallo Nº 476 de 26 de mayo de 2004, juicio Avilio José Trujillo contra Inversiones El Rolito, C.A., expediente Nº 2002-099; según el cual:
“…La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes. Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos…” (Negrillas de la Sala).
De modo que, de acuerdo con el referido criterio, una sentencia puede considerarse inmotivada, si carece absolutamente de argumentos fácticos o jurídicos que la fundamenten; cuando las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben considerarse como inexistentes jurídicamente; o cuando los motivos expresados en ella se destruyen los unos a los otros por resultar contradictorios o falsos.
Ahora bien, en la denuncia examinada, el formalizante, nada expresa en relación con esos supuestos en virtud de los cuales una sentencia se puede considerar inmotivada. Acusa la inmotivación e incongruencia de la recurrida y luego señala que “…sacó elementos de convicción fuera de los autos y valió excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados…”; lo que logra es confundir en relación al vicio que pretende delatar, e impedir, en virtud de las deficiencias que estos presentan, el conocimiento de sus planteamientos.
Por las razones expuestas, la denuncia examinada por infracción de los ordinales 4° y 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, debe ser desechada por improcedente. Así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
CO-DEMANDADO ALFREDO JOSÉ FLORES GONZÁLEZ
I
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la violación por parte de la recurrida de los artículos 463, 464 y 466 ibidem, todos por falta de aplicación, con la argumentación siguiente:
“…Nuestra representada ha puesto de relieve a todo lo largo del presente juicio, que constituyó un motivo que inficiona la validez y eficacia probatoria de la experticia promovida por la parte actora, para establecer el valor de los inmuebles objeto de las ventas cuya simulación pretende, el hecho de que los expertos incumplieron con la obligación formal y trascendente que impone el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, de señalar, con veinticuatro horas de anticipación por lo menos, “el día hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias”,
Como se observa, la recurrida resta toda trascendencia a la formalidad en el citado artículo 466, desviando el propósito del precepto, cuando llega a ofrecer como razón para su punto de vista el que “…los expertos solicitaron por escrito el tiempo que requerían para consignar el informe avalúo al tribunal, de cinco días, lapso en que se podía presumir se llevarían a cabo dichas diligencias” pero, es claro que una cosa es el lapso para efectuar la experticia que debe el juez controlar, y otra el dejar constancia en los autos de cuándo y dónde se iniciarán las diligencias.
El planteamiento de nuestra mandante tiene el carácter de una reclamación con un claro fundamento legal, pues la falta del cumplimiento de un requisito la validez formal de la prueba de experticia como el dispuesto en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, que produce la invalidez de la prueba por irregularidad en su formación, es decir, por la violación de una regla formal expresa que regula el establecimiento de la prueba de experticia, que debió llevar el juzgador a desechar la prueba y no tomarla en cuenta para su decisión.
La indicada norma, contrariamente a lo que ha apreciado la recurrida, no debe verse con la ligereza de suponer que por su precepto se ha abierto a medias para las partes una posibilidad de hacer algunas meras observaciones de la prueba, sin más, y menos aún, puede pensarse que, en tal virtud, no ha de otorgarse gran importancia al estricto cumplimiento de los extremos legales de forma que dicha norma contiene.
Por el contrario, se trata de una importante disposición por la que se ha querido asegurar a las partes el control de la prueba de experticia, que sirve para desarrollar en el proceso con respecto a la experticia la norma constitucional dispuesta en el artículo 49 de la Carta Magna, según el cual “…toda persona tiene de derecho de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.”.
…omissis…
Es con fundamento en la doctrina expuesta, y por las razones que previamente hemos invocado, que, con expreso apoyo en lo dispuesto por el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la infracción por la recurrida del artículo 466 eiusdem, como norma que regula el establecimiento de la prueba de experticia, cuyo precepto fue abiertamente desconocido por la recurrida a través de una serie de argumentos inaplicables que le llevaron a permitirse una patente violación de dicha norma y entrar a apreciar y valorar la irregular prueba de experticia de los inmuebles a que se viene haciendo referencia, infracción que tiene lugar por falta de aplicación o infracción en sentido estricto, desde luego que mal podía dejar de aplicar la norma en referencia, tal como si la misma no existiera.
Del mismo modo y por las mismas razones, resultaron desconocidas las disposiciones de los artículos 463 y 464 del mismo Código, pues con aquel proceder del juzgador, quedó cerrada toda ocasión para mi mandante de hacer las observaciones a la experticia, en forma tal que dichas observaciones precedieran al informe de experticia, y no como pretende la recurrida, que dichas observaciones fuesen posteriores.
La infracción que acabamos de denunciar tuvo incidencia directa en lo dispositivo del fallo pues el juzgador se valió de la prueba de experticia en comento para considerar vil el precio de la venta de los inmuebles cuya simulación se solicitó, considerando esa calificación del precio como uno de los elementos determinantes para que procediera la declaratoria de simulación…”.
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en la falta de aplicación de los artículos 463, 464 y 466 del Código de Procedimiento Civil, con base en que al momento de analizar la experticia promovida por la parte actora le restó importancia a las citadas normas, pues no verificó que la mencionada experticia, se practicó incumpliendo ciertos requisitos formales exigidos por la ley, lo cual produce como consecuencia la irregularidad de la prueba en su formación.
Los artículos 463, 464 y 466 del Código de Procedimiento Civil, disponen lo que de seguida se transcribe:
“…Artículo 463.- Los expertos practicarán conjuntamente las diligencias. Las partes podrán concurrir al acto personalmente o por delegados que designarán por escrito dirigido a los expertos y hacerles las observaciones que crean convenientes, pero deberán retirarse para que los expertos deliberen solos”.
“…Artículo 464.-  Los expertos están obligados a considerar en el dictamen las observaciones escritas que las partes o sus delegados les formulen, las cuales acompañarán originales al dictamen”.
“…Artículo 466.- Los expertos juntos o por intermedio de uno cualquiera de ellos deberán hacer constar en los autos, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias, sin perjuicio de que la asistencia de las partes a las mismas convalide lo actuado sin tal constancia.”
La Sala considera pertinente pasar a transcribir algunos extractos de la sentencia recurrida, a fin de constatar lo denunciado por el formalizante:
“…El motivo de la impugnación obedeció a que los expertos no dieron cumplimiento a la formalidad establecida en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, por lo que corresponde a esta Alzada establecer si el incumplimiento de dicha formalidad acarrea la nulidad del acto, pues un principio indiscutible en materia de nulidades es que son de derecho estricto, lo que significa que solo pueden ser declaradas en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez, por mandato del artículo 206 ejusdem; y al respecto, observa esta Alzada que no existe una norma expresa ni en el código adjetivo civil, ni en el sustantivo, norma legal que prevea la nulidad de la experticia por la omisión motivo de la impugnación, pues el artículo 1.425 del Código Civil alude sólo a la falta de motivación como requisito para restarle toda validez a la experticia, pero no la anula por la falta de la constancia aludida, tampoco lo hace el Código de Procedimiento Civil, en el capítulo relativo a la experticia, ergo, se hace necesario determinar si dicha omisión constituye una formalidad esencial para su validez, y al respecto, considera esta jurisdiscente, que el hecho de que los expertos no hayan hecho constar en el expediente el día, hora y lugar en que se daría comienzo a las diligencias, no vicia la experticia de nulidad, o le quita validez, por cuanto los expertos solicitaron por escrito el tiempo que requerían para consignar el informe avalúo al tribunal, de cinco días, lapso en que se podía presumir se llevarían a cabo dichas diligencias, pudiendo haber solicitado la parte impugnante la corrección de la omisión de inmediato para así poder hacer las observaciones de ser ese su fin, y no utilizarlo como medio de impugnación cuando éste no está así previsto en la ley, ya que una vez evacuada la experticia, el acto alcanzó el fin perseguido, y la reposición de la causa sería inútil, así como injusta resultaría la desestimación de la experticia por tal omisión, toda vez, que como ya se señaló la ley no lo prevé como causal de nulidad o invalidez, sino que el legislador en todo caso apela a la multa para sancionar a los expertos omisos o remisos en cumplir su encargo; pero nunca a la nulidad de su informe, criterio éste sostenido por la Sala de Casación Civil en sentencia del 20 de octubre de 1988, con ponencia del Magistrado Adán Febres Cordero. OPT N° 10, pág. 89, al cual se acoge esta Alzada como fundamento en el presente caso. Así se decide.
Pasa entonces, esta Alzada al análisis y valoración de la experticia, así: Consta en el expediente que los expertos consignaron el informe avalúo de los inmuebles solicitados por la parte promovente, consta así mismo, que en cada uno de ellos, los expertos establecieron el objeto de los avalúos con una descripción detallada de los inmuebles por sus características intrínsecas, así como de las características de la zona y facilidades. Utilizando en la metodología veinte referenciales del Registro Público, para compra y venta de terrenos similares con respecto a la ubicación de los inmuebles objeto de los avalúos, las cuales constan a los folios 330, 331, 332, 357, 358 y 359 del expediente, es decir, motivando pormenorizadamente las conclusiones finales en cuanto al valor de los inmuebles para la fecha de las ventas cuestionadas, razón por la cual esta sentenciadora les confiere valor probatorio de acuerdo a la sana crítica, toda vez que la prueba de experticia no tiene una regla de valoración expresa, quedando a juicio del sentenciador en cuanto a criterios de racionalidad, lo que efectivamente conduce a esta sentenciadora que tratándose de peritos especializados en la materia objeto de la experticia, que su informe se encuentra redactado en forma lógica y congruente en cuanto a la metodología y marcos de referencia utilizados para el establecimiento del valor de los inmuebles, dicha experticia le merece la suficiente verosimilitud en su contenido, confiriéndole entonces valor probatorio a los montos establecidos y concluidos por los expertos. Así se decide…”.
De la precedente transcripción se desprende que el juez de alzada al momento de analizar la experticia referida al avalúo de los inmuebles objeto de la acción de simulación, estableció que el demandado impugnó el informe practicado por los expertos, con fundamento en el hecho de que no se cumplió con el requisito formal previsto en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, en el que hace alusión a que hay que fijar día, hora y lugar, para dar comienzo a las diligencias, considerando que tal incumplimiento no viciaba de nulidad la experticia, pues así no lo establece la citada norma, ni ninguna disposición de carácter sustantivo y adjetivo, ya que de acuerdo con el artículo 1.425 del Código Civil, el único motivo de impugnación para restarle validez a la experticia es la falta de motivación.
En consecuencia, dado que la experticia cumplió el fin para lo cual fue evacuada y aunado a ello los expertos por escrito solicitaron el tiempo que requerían para consignar el informe avalúo al tribunal, correspondiente a cinco (5) días, de manera pues “…que la parte impugnante la corrección de la omisión de inmediato para así poder hacer la observación de ser ese su fin y no utilizarlo como medio de impugnación cuando este no esta así previsto en la ley…”.
Por tanto, de acuerdo con los razonamientos precedentemente expuestos, se observa que el juez de alzada no incurrió en la falta de aplicación del artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, pues debía verificar: 1) que se cumpliera con la experticia cuya evacuación se había solicitado; 2) que se cumpliera el fin para el cual había sido evacuada y 3) si procedía o no la impugnación interpuesta por la parte demandada conforme a lo previsto en el artículo 1.425 del Código Civil, lo cual fue analizado por el juez, y así se decide.
II
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la violación por parte de la recurrida de los artículos 395 por falta de aplicación y 510 ibidem, por falsa aplicación, así como el artículo 1.422 del Código Civil, por falta de aplicación, con la argumentación siguiente:
“…La presente denuncia guarda en esta formalización, una particular y estrecha concordancia con la denuncia precedente, toda vez que el juzgador de la sentencia recurrida señala que el carácter o categoría como “vil” en el precio de las ventas cuya simulación se pidió, no sólo habría quedado establecido, según la recurrida, en base a la experticia a que la denuncia precedente se contrae, sino con fundamento en una conclusión que se permite extraer el juzgador de lo que supone es un “hecho comunicacional”, cual es, su visión o particular perspectiva sobre una serie de avisos publicitarios relacionados con precios de inmuebles en diversos diarios, que le habrían permitido fijar el valor de dichos inmuebles.
En efecto, la parte actora promovió numerosos avisos de prensa y artículos igualmente publicados en periódicos, relacionados con valor de inmuebles, en el errado propósito de que contribuyeran los mismos a llevar al ánimo del juzgador, cuál era el valor de los bienes inmuebles objeto de las operaciones o negocios cuya simulación demandó. Es evidente, sin embargo, que tal prueba resultaba impertinente o sin alcance, por ser manifiesto que no podía el juzgador tomar razón ni determinación alguna sobre el valor de tales bienes, sino a través de expertos que analizaran de modo particularizado los específicos bienes objeto de aquellos negocios y, con vista de esos particulares y en aplicación de técnicas de valoración apropiadas, fijasen, sólo así, el valor de los mismos. No obstante, apreciará la Sala que la recurrida se permitió discurrir de la manera siguiente:
…omissis…
Se comprueba así que el sentenciador de la recurrida se permite tomar como referencia dichos avisos y, desechando la natural razón de que con tales elementos no se puede en derecho determinar cuál pueda ser el valor de un bien concreto, ni sostener si el precio de venta de esos específicos bienes resulta vil o irrisorio, confiere no obstante eficacia suficiente para hacer, el propio juzgador, un avalúo, pero sin exponer siquiera en qué consistió el mismo, ni el método aplicado, para concluir señalando que el mismo le sirve como instrumento “…válido para llevar al conocimiento del juzgador, la convicción del hecho que se trata de probar, en este caso, el punto de referencia del valor de los inmuebles en el momento en que se realizaron las ventas…”.
Se pone así de bulto la infracción del juzgador, pues, más allá de la evidencia de que se está en presencia de una cuestión de hecho técnica que no puede un juez conocer por su propio conocimiento, es además paladino que hay una incompatibilidad conceptual entre lo que es un hecho comunicacional, que representa un hecho de general y amplio conocimiento para todo un conglomerado social, y aquél hecho constituido por el valor que unos concretos inmuebles puedan tener, de acuerdo a sus particulares y especiales características de conservación.
En nuestro sistema de procedimiento ello sólo corresponde establecerlo a expertos o peritos, debidamente designados. No obstante, el juzgador, repetimos, utiliza tales medios publicitarios y motu proprio, tal como si tuviera él el carácter de experto, se permite afirmar que, con tales medios queda establecido para los efectos de este juicio el valor de dichos bienes y que, por lo tanto, el precio de venta en los negocios cuya declaratoria de simulación se demandó, es vil e irrisorio.
Salta a la vista, ciudadanos Magistrados, que tal proceder es violatorio de la ley desde todo punto de vista y esta conclusión no puede ser paliada por la existencia en los autos de una experticia al respecto, puesto que el juzgador se sirve de ambos elementos de prueba para que converjan como indicios, unido a que mi mandante ha sostenido a todo lo largo de este juicio la ilegalidad e ineficacia de dicha experticia y se denuncia en esta formalización.
No se comprende que el juzgador asuma la posición que tomó con respecto a lo que aquí planteamos, pues, quizás podría admitirse que de esos elementos publicitarios pueda extraerse alguna conclusión más general, como sería por ejemplo, que en un momento determinado en Caracas o en San Juan de los Morros existía oferta de inmuebles, pero, suponer que por tal vía pueda un juez no experto y sin control alguno en la prueba, sostener que un bien concreto pueda valer tanto o cuanto, o que un precio es por tanto vil, es un proceder violatorio de la Ley en varios respectos.
Infringe la recurrida por tal motivo la norma del artículo 1.422 del Código Civil, por falta de aplicación, como norma legal que establece la valoración de los hechos, por ser manifiesto que la determinación del valor de un bien determinado y específico, dentro de un juicio como el de especie, constituye un punto de hecho que no puede ser fijado por el juzgador con su propio conocimiento, ni suponer que el mismo pueda llegar a constituir un hecho comunicacional. Se trata, sin dudas, de una apreciación que conlleva también la violación, por falta de aplicación del artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, como norma legal que regula el establecimiento de los hechos, toda vez que el juez se permite establecer un hecho mediante una actividad que no está recogida ni admitida en nuestro derecho como prueba legal, adviniendo a una suerte de mezcla de la prueba documental con la experticia que no es ni una cosa ni otra, ni subyace a ella un hecho comunicacional, por lo que infringe la norma en la forma delatada.
Al propio tiempo infringe el artículo 510 del código acabado de citar, por falsa aplicación, cuando también se permite hacer que el resultado de dicha experticia concurra con otros hechos, supuestamente establecidos, para que, a manera y con el valor de indicios, sirvan para la demostración de unas simulaciones cuya declaración en verdad no se hacía lugar.
Las infracciones delatadas fueron determinantes para que el sentenciador concluyera, indebidamente, que el precio de las ventas de inmuebles cuya simulación se demandó era vil, y esta conclusión incidió de manera determinante en la decisión de declarar nulas las mismas. Pedimos que esta denuncia sean acogidas con los pronunciamientos correspondientes…”.
…omissis…
Al respecto la Sala en sentencia N° 419 de fecha 19 de junio de 2006, caso: Estacionamiento Grúas San Martín:
“…Consecuentemente con lo antes expresado, se observa, como ya se dijo que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el tribunal admitirá la demanda “si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley”. De lo contrario debe negar su admisión expresando los motivos de su negativa. Ahora bien, el artículo 16 del mismo código señala lo siguiente:
“Para proponer la demanda el actor debe tener interés actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente.” (Subrayado y negrillas de la Sala).
De conformidad con la parte final de la citada norma, las acciones mero declarativas que no satisfagan completamente el interés del accionante no son admisibles, ello en virtud del principio de economía procesal, pues nada hace un tribunal al conocer de una acción que no logra su objetivo, como es declarar certeza sobre un derecho o una relación jurídica que se tiene como incierta, o ventilar un proceso que sólo pretende preconstituir una prueba para un juicio posterior. Por tanto, la satisfacción completa del interés del actor deviene en condición necesaria para la admisibilidad de dicha demanda, que de no cumplirse estaría prohibida por la ley, es decir, por el mismo artículo 16 del Código de Procedimiento Civil.
En tal sentido, esta Sala, en sentencia No 323 de fecha 27 de julio de 2002, Expediente No 01-590, en el juicio de Arcángel Mora contra Ana Ramona Mejías Ruiz, que ratifica el criterio sostenido en fallo No. 495 de fecha 15 de diciembre de 1988, caso Sergio Fernández Quirch contra Alejandro Eugenio Trujillo Pérez y otro, Expediente No. 88-374, expresó:
“…el ejercicio de las acciones de certeza está sujeto a determinados requisitos, que permitan a los jueces determinar su admisibilidad. En efecto, según el texto citado no basta que el objeto de dichas acciones esté limitado a la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, sino que además que el  demandante no pueda obtener la satisfacción completa de su interés mediante otra acción diferente, para que puedan dar origen validamente a un proceso. En este sentido, la propia Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil, presentado a las Cámaras Legislativas el 17 de noviembre de 1975, aclara el alcance y significado de los límites impuestos a las acciones mero declarativas. Así expresa en dichas Exposición de Motivos.
“…notable significación han atribuido los proyectistas a la consagración de una norma expresa sobre el interés que deben tener las partes para obrar en juicio y a la posibilidad de las demandas de mera declaración, que hoy es sólo un principio doctrinal y jurisprudencial deducido del artículo 14 vigente. Se establece así en el artículo 16 del Proyecto, que para proponer la demanda el actor debe interés jurídico actual, y que este interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica.
Sin embargo, a fin de no dejar a la interpretación jurisprudencial el alcance y límites de esta demanda de mera declaración, se acoge en el proyecto la limitación aconsejada por la mejor doctrina, según la cual no es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante pueda obtener la satisfacción completa de su interés mediante una demanda diferente…” (Subrayado y negrillas de la Sala).
De acuerdo con todo lo expresado, el juez ante quien se intente una acción mero declarativa deberá, en aplicación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, observar si la mencionada demanda cumple con el requisito exigido por el artículo 16 eiusdem, es decir, que no exista una acción distinta que satisfaga completamente el interés del actor, pues de lo contrario, por razones de celeridad procesal, dicho tribunal deberá declarar la inadmisibilidad de la demanda…”.
De la precedente transcripción se desprende que para la admisibilidad de una acción los requisitos sine qua nom, son 1) interés jurídico actual, 2) que no hayan otras acciones para poder satisfacer el interés jurídico del actor, en consecuencia, por argumento en contrario, para declarar la inadmisibilidad de la acción de conformidad con el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, sería necesario, que no haya interés jurídico actual y además que hayan otras acciones para satisfacer el interés del actor.
Ahora bien, de lo que se desprende del contenido de la sentencia recurrida se puede observar que el actor tenía interés jurídico en poder ejecutar la sentencia declarada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, de fecha 28 de febrero de 1996, que declaró con lugar la demanda de resolución de contrato de arrendamiento, por la que fue condenado el codemandado en este juicio el ciudadano Alfredo José Flores González, y por supuesto ante la venta de una parte de sus bienes con el objeto de que el acreedor no pudiera cobrar, la única acción que tenía el actor para demostrar la fraudulencia de tales ventas era la acción de simulación, en consecuencia, el juez no podía aplicar la citada norma y declarar la inadmisibilidad de la acción, en consecuencia se declara improcedente esta parte de la denuncia, y así se decide.
En lo atinente al artículo 591 del Código de Procedimiento Civil, observa la Sala que el formalizante establece una fundamentación algo enrevesada que no permite el análisis de esta parte de la denuncia, pues no se entiende en que sentido se infringió la norma y para tratar de juzgarla la Sala no sólo tendría que extremar sus facultades sino además debería descender a las actas del expediente, lo cual solo es posible excepcionalmente por vía de  los tres casos de suposición falsa previstos en el artículo 320 del Código de procedimiento Civil, razón por la cual se desestima esta denuncia, por indebida fundamentación, y así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la co-demandada Carmela Gerratana Cardozo; y 2) CON LUGAR el anunciado y formalizado por la representación judicial del co-demandado Alfredo José Flores González, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en fecha 18 de febrero de 2008. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido, y se ordena al Tribunal Superior que resulte competente, dictar nueva decisión acogiendo la doctrina aquí establecida. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Se condena a la codemandada perdidosa al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y bájese el expediente.
Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación Civil  del Tribunal Supremo de  Justicia, en   Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
Secretario,
Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, expresa su disentimiento con la sentencia precedentemente consignada y aprobada por mayoría de los Magistrados y Magistradas integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la cual declara “…Sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la codemandada Carmela Gerratana Cardozo; y 2) Con Lugar el anunciado y formalizado por la representación judicial del codemandado Alfredo José Flores Gonzáles, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico….”, en atención al contenido y alcance del aparte cuarto del artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal. En consecuencia, salva su voto, en los siguientes términos:
En la decisión de la mayoría, se declara con lugar la tercera denuncia de fondo del recurso formalizado por la representación judicial del codemandado Alfredo José Flores González. La decisión de la mayoría la considero contradictoria en sus fundamentos, por lo siguiente:
Quienes recurren en casación son los codemandados, al haber prosperado la acción por simulación de venta. La decisión de la mayoría casa el fallo por no haber precisado el Juez Superior a quién correspondía la carga de la prueba, “…lo cual era necesario para declarar que no se realizó el pago del precio de la venta (…) debió precisar que la carga de la prueba la tenía la codemandada Carmela Gerratana Cardozo, para rebatir lo expuesto por el actor…” (Resaltado propio).
NO SE ENTIENDE SI LA DECISIÓN DE LA SALA ESTÁ AVALANDO Y ASEVERANDO QUE LA CARGA DE LA PRUEBA LA TENÍA LA DEMANDADA O SI LO MENCIONA CONTINUANDO EL RAZONAMIENTO LÓGICO DEL JUEZ DE ALZADA PARA CONCLUIR EN QUE NO ESTABA EXPRESAMENTE INDICADO EN LA RECURRIDA LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE LA DEMANDADA.
En uno u otro caso, no comparto tal razonamiento por lo siguiente:
Si la Sala está señalando o aseverando que la carga de la prueba la tenía la demandada, entonces, le está dando la razón y coincide con la recurrida, pues, ésta determinó que era la demandada quien tenía que probar lo contrario a lo aseverado por el demandante. De esta forma, se está casando el fallo, pero a la vez se le da la razón a la recurrida quien dio la victoria a la demandante por no haber probado los codemandados que la venta fue real.
La recurrida no hace sino afirmar que era la demandada quien tenía que probar que la venta fue real. La decisión de la Sala está casando el fallo pero llegando a la misma conclusión: que era la demandada quien tenía que probar y, si esto es así, la sentencia no ha debido ser casada SINO RATIFICADA.
Si por el contrario, la Sala no aseveró que la demandada tenía la carga de la prueba, sino siguiendo el razonamiento del Juez Superior para concluir en que no señaló expresamente que era la accionada quien tenía la carga de probar, la Sala de Casación Civil casó el fallo sin saber quién efectivamente tenía la carga probatoria, lo cual por sí lo estimo sumamente grave, y SI TAL NULIDAD TENDRÁ TRASCENDENCIA O NO EN LA SUERTE DE LA CONTROVERSIA, lo cual no puede hacerlo, pues cuando la Sala casa por el fondo debe estar segura si la denuncia es trascendente en la suerte de la controversia, EVITANDO LA CASACIÓN INÚTIL.
EN POCAS PALABRAS, LA SALA DE CASACIÓN CIVIL NO PUEDE CASAR UN FALLO, COMO LO HIZO, POR INFRACCIÓN DE LEY POR NO HABER INDICADO EXPRESAMENTE EL JUEZ DESDE EL INICIO A QUIEN TOCABA LA CARGA DE LA PRUEBA A MENOS QUE EL JUEZ LA HAYA INVERTIDO ILEGALMENTE. En el caso hipotético de que el Juez no lo haya indicado expresamente, pero a la vez distribuyó bien la carga de la prueba, la Sala –léase y reléase- NO DEBIÓ casar el fallo, por cuanto el resultado fue correcto a pesar de no haberlo manifestado en el preámbulo del silogismo.
Pero si se lee con detenimiento la propia transcripción que hizo la mayoría sentenciadora en la sentencia que precede, SE PUEDE CONSTATAR QUE LA RECURRIDA SÍ SEÑALÓ A QUIÉN TOCABA LA CARGA DE LA PRUEBA:
“…No obstante los razonamientos anteriores esta juzgadora arriba a la conclusión que comprobado el hecho de que la venta se efectuó por el codemandado Alfredo Flores González con la anuencia de su cónyuge Reina del Valle García de Flores, al mes siguiente de haberse librado el Decreto Ejecutivo de embargo a favor del acreedor accionante Pablo Piermattei Clericuzio, aunado al precio vil e irrisorio fijado como precio de la venta de Bs. F 600,oo arrojando la experticia un valor real para la fecha de Bs. 7.839, 95 y LA AUSENCIA EN LOS AUTOS DE LA CONSTANCIA DE HABERSE VERIFICADO EFECTIVAMENTE EL PAGO DEL PRECIO DE LA VENTA POR PARTE DE LA CIUDADANA CARMELA GERRATANA CARDOZO, QUIEN ASUMIÓ UNA CONDUCTA PASIVA LIMITÁNDOSE A NEGAR LOS HECHOS INVOCADOS POR EL ACTOR NO APORTANDO A ESTA JUZGADORA ELEMENTOS NECESARIOS PARA INDAGAR LA VERDAD EN CUANTO A LA CANCELACIÓN DEL PRECIO Y CONSECUENTE EGRESO DE SU PATRIMONIO, POR LO QUE A JUICIO DE ESTA SENTENCIADORA NO QUEDÓ DEMOSTRADO DICHO PAGO EN LO QUE SE RESPECTA A ESTA NEGOCIACIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, la valoración de las pruebas en su conjunto y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que convergen en que la ciudadana Carmela Gerratana, en un concierto de voluntad con el vendedor en perjuicio del actor efectuó una venta aparente con la intención de sustraer el bien del patrimonio del demandado, con la finalidad de dejar ilusoria la ejecutoria del fallo…” (Resaltado de quien disiente).
Como puede observarse, la recurrida estableció que el demandante probó lo vil del precio establecido en la venta, realizada a un mes del decreto de embargo ejecutivo a favor del demandante y QUE NO LOGRÓ DEMOSTRARSE QUE EFECTIVAMENTE TAL PRECIO FUE PAGADO. LUEGO INDICÓ QUE LA DEMANDADA “…ASUMIÓ UNA CONDUCTA PASIVA LIMITÁNDOSE A NEGAR LOS HECHOS INVOCADOS POR EL ACTOR NO APORTANDO A ESTA JUZGADORA ELEMENTOS NECESARIOS PARA INDAGAR LA VERDAD EN CUANTO A LA CANCELACIÓN DEL PRECIO Y CONSECUENTE EGRESO DE SU PATRIMONIO…” (Resaltado del disidente).
El Juez de Alzada está señalando en definitiva que la demandada tenía la carga de probar el haber recibido el dinero de la venta, y que además, que éste se limitó a negar los hechos de la accionante en forma pasiva SIN APORTAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEMOSTRAR LA CANCELACIÓN DEL PRECIO Y EL EGRESO DE SU PATRIMONIO, ante las circunstancias antes analizadas que indicaban estar reunidos los elementos necesarios para declarar la simulación. LA RECURRIDA LE ATRIBUYÓ, SIN LUGAR A DUDAS, TAL CARGA DE LA PRUEBA A LA DEMANDADA, POR LO CUAL NO COMPARTO LA AFIRMACIÓN DE LA MAYORÍA QUE CASA EL FALLO POR NO HABERSE DETERMINADO A QUIÉN TOCABA PROBAR.
Reitero que, estando en materia de casación de fondo, se está casando un fallo por no haber precisado a quién tocaba probar, lo cual no comparto, y en todo caso, constituiría un vicio de inmotivación del fallo. Pero vistas las afirmaciones de la recurrida en el sentido expresado, ni siquiera considero que tal vicio de inmotivación se haya materializado.
Temo, en razón de lo expuesto, que estamos en presencia de una casación absolutamente inútil y que pasa por encima de hechos establecidos en la sentencia impugnada que apuntan directamente a la simulación de la venta. Dejo así expresado el fundamento del voto salvado en relación a la sentencia que en este procedimiento ha tomado la mayoría sentenciadora. Fecha ut supra.
RC N° AA20-C-2009-000119
Presidenta de la Sala,
RC N° AA20-C-2009-000119
FICHA:
Expediente : 09-119
fecha: 28/05/2010
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. N° 2009-000119
Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Mayo/RC.000191-28510-2010-09-119.html

Fuente: http://www.tecnoiuris.com/venezuela/hemeroteca/derecho-civil/nueva-jurisprudencia-sobre-la-accion-de-simulacion-acumulacion-valor-de-fotografias-anuncios-accion-pauliana-3207.html

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SENTENCIA DESVIACIÓN IDEOLÓGICA O INTELECTUAL (CONTRATO) RC.000187-26510-2010-09-532

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Esta sentencia les puede ser útil para el estudio de la materia de Casación.


I

SÍNTESIS DE LA SENTENCIA

“…esta Sala de Casación Civil, declara con lugar la presente denuncia de suposición falsa del primer tipo por desviación ideológica o intelectual en la interpretación del contrato”.

"…En el presente caso, quedó probado y reconocido en la sentencia recurrida, que el ciudadano Vicente Emilio Capriles, parte demandante, en su calidad de socio, entregó a la sociedad mercantil Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., parte demandada, la cantidad de doscientos cuarenta y tres mil quinientos quince dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 243.515,00).

         El juez de alzada luego de dar por probada tal situación, concluyó que tal suma de dinero lo recibió la sociedad mercantil demandada como un “aporte” singular del socio y no como un préstamo. Para ello, el juez le dio un giro interpretativo al acta de asamblea de accionistas de fecha 29 de octubre de 1999, de la sociedad mercantil denominada Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., donde se menciona la palabra acreencia del socio Capriles, y concluyó que acreencia no siempre es obligación o préstamo a interés, “…sino que la misma constituye un genérico que debe entenderse como todo derecho que tiene una persona para pedir o exigir el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer…”.

Entiende esta Sala, que independientemente del esfuerzo del juez superior en disminuir el peso específico de la palabra acreencia, tratando de diluirlo e interpretarlo como “cualquier cosa”, concluyendo que el ciudadano Vicente Emilio Capriles, parte demandante, en su calidad de socio, entregó a la sociedad mercantil Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., parte demandada, la cantidad de doscientos cuarenta y tres mil quinientos quince dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 243.515,00), como un simple aporte a cambio de nada, que dicha afirmación es inaceptable y es una cuestión que no puede pasar por alto este máximo Tribunal del país, dado que es insostenible que el juez le conceda dicho monto como un aporte del socio sin obligación de nada ni contraprestación alguna, sin restituirlo, sin reconocerlo al menos como acciones de la sociedad a favor del demandante.

      A este respecto cabría preguntarse, ¿entonces dicho aporte a capital de la compañía que finalidad tenía?, es incomprensible para esta Sala, que simplemente, el juez lo haya convertido en una donación del demandante y que este entregó dicha suma de dinero y la perdió, así de simple, tesis jurídica que es inaceptable para esta Sala.

      Ahora bien, en diversas oportunidades ha señalado esta Sala que los jueces son soberanos en la interpretación de los contratos, salvo que se equivoque en su calificación o incurra en la desnaturalización o desviación intelectual de su contenido.

      Asimismo, la Sala ha establecido que ‘…el límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato…”

      En este sentido, el fallo N° 241 del 30 de abril de 2002, caso: Arturo Pacheco Iglesia y otros c/ Inversiones Pancho Villas, C.A., expediente N°: 00-376, estableció lo siguiente:

“La Sala considera que los jueces de instancia están facultados para establecer la calificación jurídica que consideren apropiada a las relaciones contractuales existentes en los juicios en los que están llamados a conocer, con independencia de la calificación que al respecto hubieren hecho las partes, siempre y cuando no distorsionen los hechos que hubieren sido alegados por ellas. Así, la calificación jurídica de una determinada relación contractual constituye un pronunciamiento de derecho, sólo cuestionable a través de la correspondiente denuncia de fondo, que le es dable al juez como consecuencia del principio iura novit curia”

      De igual forma se sentenció en fallo N° 57 del fecha 27 de febrero de 2003, caso: Manuel Rocha Pita c/ Quirino José Montaggioni Ortiz, Expediente N°: 02-072, en el que se estableció:

      “El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, establece:

‘…En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe…’

      El anterior precepto normativo le atribuye a los jueces de instancia la interpretación de los contratos, quienes realizan la labor de indagar la voluntad e intención de las partes contratantes al establecer determinadas obligaciones y derechos. Los Tribunales del fondo son los únicos que pueden establecer lo que cada una de las partes ha dado o prometido, el alcance y extensión de las respectivas prestaciones y hasta las consecuencias que pudieron ser previstas al tiempo de celebrar el convenio. En consecuencia, la interpretación de los contratos es materia reservada a los jueces de instancia, de la cual, sólo puede conocer esta Sala, cuando se denuncie la comisión por el Juez de una suposición falsa o un error en la calificación del contrato; motivo por el cual las conclusiones que aquéllos sostengan en ese campo, escapan a la censura de casación, salvo que se alegue alguna de las situaciones excepcionales en que esta Suprema Instancia, pueda extenderse al establecimiento y apreciación de los hechos o al fondo de la controversia”.

      De los anteriores criterios jurisprudenciales se desprende que si bien los jueces de instancia son los facultados para interpretar y calificar los contratos, tal actividad no puede, de ninguna manera, distorsionar los hechos que hubieren sido alegados por ellas, pues su labor es la de indagar la voluntad e intención de las partes contratantes al establecer determinadas obligaciones y derechos, y en caso de incurrir en tal infracción, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, estará facultada –previo cumplimiento de los requisitos necesarios del escrito de formalización-, para descender a las actas del expediente y conocer los errores de hecho al juzgar los hechos en que hubiese incurrido el juez de alzada.

         En este caso, el formalizante enfocó su denuncia a través de la figura de la tergiversación intelectual, que sería la única forma posible de hacerlo. Pues no hay otra, dado que lo que se combate es precisamente la delicada tarea del juez superior que “hilando fino” descontextualizó la palabra acreencia, le suprimió el peso específico y la transformó en una frase hueca, sin fuerza jurídica.

      Se está aseverando, como lo constató la Sala de la lectura del acta de asamblea que contiene el contrato y del fallo recurrido antes transcrito, la desviación intelectual, no una suposición falsa en sentido estricto. Sólo que la doctrina de la Sala exige “pedir prestado” en sentido analógico el primer caso de suposición falsa, pero no para combatir un hecho sino realmente un ejercicio intelectual producto de múltiples razonamientos del juez. Lógicamente no se combate un hecho puro y simple, sino el razonamiento final de la recurrida producto del “travisamento” italiano, o la desnaturalización por desviación intelectual o ideológica y el “mal juge” de la doctrina francesa, como ya se explicó en este fallo.

         Y esto no es otra cosa, que atacar la conclusión del juez. El criterio de combatir el hecho y no la conclusión jurídica está bien para la denuncia de suposición falsa “estrictu sensu”, pero no para la denuncia por desviación intelectual, pues, allí nunca se controlarían hechos sino conclusiones jurídicas inexactas. No se puede exigir en la denuncia de desviación intelectual que sólo se combata un hecho puro y simple, por cuanto ello es imposible.

         En este caso, como ya se explicó el juez de la recurrida con su forma de proceder y en un esfuerzo por disminuir el peso específico de la palabra acreencia, tratando de diluirlo e interpretarlo como “cualquier cosa”, concluyó que el ciudadano Vicente Emilio Capriles, parte demandante, en su calidad de socio, entregó a la sociedad mercantil Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., parte demandada, la cantidad de doscientos cuarenta y tres mil quinientos quince dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 243.515,00), como un simple aporte a cambio de nada, lo cual constituye un clásico caso de tergiversación intelectual o desnaturalización conceptual por desviación ideológica de los términos del contrato, y apartándose de esta manera de la intención de los contratantes, derivado de un erróneo análisis del acta de asamblea de accionistas de fecha 29 de octubre de 1999, de la sociedad mercantil denominada Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., distorsionando el vocablo acreencia y estableció que era un aporte. Así se declara.

      Por las anteriores consideraciones, esta Sala de Casación Civil, declara con lugar la presente denuncia de suposición falsa del primer tipo por desviación ideológica o intelectual en la interpretación del contrato. Así se establece."

      (Observaciones de profesor Manuel Esparragoza Herrera: Esta sentencia nos fue enviada por cortesía del profesor Álvaro Badell. Tiene un voto concurrente de la Magistrada Isbelia Pérez Velásquez (concurrente) y un voto salvado del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez).

 

II

TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA

 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2009-000532

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

     En el juicio por cumplimiento de contrato, incoado ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano VICENTE EMILIO CAPRILES SILVAN, representado por los abogados en ejercicio de su profesión Vicente J. Puppio, Jerónimo Puppio Z., Vicente Puppio Z. y Domingo A. Fleitas, contra la Sociedad Mercantil denominada DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., patrocinada por los abogados en ejercicio de su profesión Carolina Nahir González González, Mariolga Quintero Tirado, Salvador Benaim Azaguri, Isabel Cecilia Sánchez García y Nilyan Santana Longa; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 15 de abril de 2009, dictó sentencia definitiva declarando nula sentencia apelada de primera instancia, de fecha 11 de octubre de 2007, sin lugar la demanda, con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandada y condenando al pago de las costas procesales a la demandante.

Contra la antes citada sentencia, la demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación oportuna.

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-ÚNICA-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación.

Expresa el formalizante:

“…La recurrida declaró la nulidad del fallo de la primera instancia sobre la base de un supuesto silencio de pruebas en el que habría incurrido la sentenciadora de la primera instancia.

El razonamiento de la recurrida es el siguiente:

(…omisis…)

Del pasaje copiado se evidencia que la recurrida sostiene que la sentencia de la primera instancia no analizó las pruebas acompañadas por la parte actora identificadas con las letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” pero, al mismo tiempo, afirma que las valoró.

Se trata de un galimatías de la recurrida puesto que afirma que las pruebas fueron valoradas pero no analizadas, sin explicar cuál sería la diferencia de dos expresiones que son sinónimos en el lenguaje procesal.

Sin embargo, si se lee detenidamente la sentencia de la primera instancia (folios 298 y 299) se puede advertir que el ad quo sí valoró (y “analizó”) las pruebas acompañadas por la parte demandada e identificadas con las letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” y les dio valor probatorio.

Así lo expone el ad quo:

“Las anteriores pruebas instrumentales agregadas de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que por lo demás no fueron objetadas por la parte actora, el Tribunal les da fuerza probatoria auténtica y fehaciente, respectivamente, todo en concordancia con los artículos 1359, 1360 y 1361 del Código Civil.” (Subrayado mío).

Entonces, la primera instancia no cometió el vicio que le imputa la recurrida; vicio que fue el fundamento para declarar la nulidad del fallo apelado.

Como queda demostrado, la recurrida contiene dos pronunciamientos contradictorios sobre un mismo aspecto de la recurrida, pues afirma (i) que al a quo no analizó un bloque de pruebas y (ii) al mismo tiempo afirma que si valoró dichas pruebas. Se trata de dos pronunciamientos en conflicto sobre un mismo aspecto, lo cual, y de acuerdo con la doctrina tradicional de la casación, afecta el fallo del vicio de inmotivación. Así lo solicito.

Por las razones que anteceden, solicito que esta denuncia sea declarada procedente.”

         La Sala para decidir, observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende que el formalizante, le imputa a la recurrida la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación por contradicción en los motivos, al considerar que el juez de la recurrida por una parte señaló que el a quo no analizó las pruebas y por otra, afirma que si valoró las pruebas, aunado al hecho de considerar, que el juez de primera instancia si valoró y analizó las pruebas, contrariamente a lo aseverado por el juez de alzada, que señaló que dichas pruebas fueron silenciadas, cometiéndose el vicio de silencio de pruebas, por el cual declaró la nulidad de la sentencia apelada.

Al respecto el fallo recurrido señala lo siguiente:

“…III

PUNTO PREVIO

DE LA NULIDAD DEL FALLO RECURRIDO

Por cuanto en el acto de informes la representación de la parte demandada (recurrente) denunció vicios en el cuerpo del fallo recurrido, esta Alzada ingresa al análisis y resolución del punto previo planteado.

Revisados exhaustivamente los autos y el contenido de la sentencia emitida el 11 de octubre de 2007 por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se observa que en aquella se omite el análisis de algunos de los instrumentos producidos por la representación de la parte demandada, a los cuales se les identifica en el fallo con las letras “a”, “b”, “c”, “d” “e”, “f”, “g” y “h”.

Ahora bien, el Juez está en la obligación de pronunciarse sobre todas las pruebas que hayan sido admitidas, cumpliendo así con el requisito de exhaustividad, ya sea estimándolas o desechándolas, según su prudente arbitrio, estableciendo siempre el criterio que lo lleve a tal conclusión. En tal sentido, la motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los juzgadores como fundamento de su dispositivo, entendida la primera, como el ajuste a la actividad probatoria, y la segunda, como la adecuación a los preceptos legales (inclusive principios doctrinarios).

Señala el Profesor Leopoldo Márquez Añez (1984) en la obra “Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana”, lo siguiente:

“…tal parte de la motivación comprende e impone el examen de los medios probatorios presentados por las partes, lo que se resuelve en la siguiente y simple regla: el Juez debe examinar todas las pruebas. A los fines de la formulación categórica de esta regla, la Sala ha dicho que “Es Jurisprudencia constante de esta Corte, que para que los fundamentos de una sentencia sean, como es sabido, demostración de lo dispositivo, no pueden limitarse a simples afirmaciones sobre puntos de hecho sin que le preceda la exposición de tales hechos y el análisis de todas las pruebas constantes en autos. Es decir, que no existe prueba sin importancia, pues todas ante el Juzgador merecen ser tenidas en cuenta para su examen, y sólo en virtud de ese examen, ser acogidas o desechadas” (Pág. 73)

De ahí, que en el presente caso, al no haberse realizado un análisis de las referidas pruebas, sino que simplemente se limitó a valorarlas, se actuó en franca contravención con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, configurándose el vicio de silencio de pruebas, el cual puede ser declarado incluso de oficio, lo que conlleva a la nulidad del fallo recurrido. Y así se declara.

En cuanto a los demás alegatos referidos en los informes a la nulidad de la sentencia definitiva, esta Alzada considera inoficioso ingresar al análisis de los mismos, puesto que el vicio ya examinado precedentemente ha sido suficiente para declarar la nulidad de la resolución judicial de primer grado de jurisdicción.

De modo, que habiendo sido anulada la sentencia dictada por el A-quo, corresponde a esta Superioridad proferir el correspondiente fallo sustitutivo. (Negritas de la sentencia transcrita)

         Ahora bien, los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público.

         Al respecto se ha pronunciado esta Sala en sentencia Nº 224, de fecha 13 de julio de 2001, expediente Nº 97-225, y fallo Nº 182, del 9 de abril de 2008, expediente Nº 2007-876, que establecieron lo siguiente:

“…Establece el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil la facultad de casar de oficio el fallo recurrido, cuando la Sala observe en la sentencia infracciones de orden público, aunque no hayan sido denunciadas.

Ha sido criterio reiterado de la Sala de Casación Civil, considerar los requisitos de la sentencia a que alude el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil como de orden público, por tanto, la inobservancia de los mismos por parte de los jueces de instancia debe ser sancionada por este Tribunal Supremo…”

         Asimismo, dispone el artículo 243, en su numeral 4° del Código de Procedimiento Civil, que toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho que sustentan la decisión.

         Al respecto, mediante sentencia N° 291 de fecha 31 de mayo de 2005, (Caso: Manuel Rodríguez c/ Estación de Servicios El Rosal C.A.), esta Sala señaló lo siguiente:

“…Uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, que es el referido a la motivación del fallo; requisito que obliga a los jueces a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión; al mismo tiempo, exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa. De esta manera, se controla la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo y, garantiza adicionalmente, el legítimo derecho de defensa de las partes, al conocer éstas los motivos de la decisión, ya que si no están de acuerdo con la argumentación dada por el sentenciador, podrán interponer los recursos previstos en la ley para la revisión de la legalidad del fallo.

En este sentido, la Sala ha señalado que “…El requisito de la motivación del fallo previsto en el artículo 243 ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil, obliga al sentenciador a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, protegiéndose de esta manera a las partes contra lo arbitrario, y exigiendo del juez la elaboración de un fallo que resulte de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa…Como el poder del juez al momento de su decisión se encuentra vinculado al derecho (quaestio iuris) y a la certeza de los hechos (quaestio facti), se sigue de aquí que la motivación del fallo ha de comprender ambas cuestiones, como expresamente lo exige la norma procesal antes citada…”. (Sent. 21/5/97, caso: Jesús Alberto Pisani c/ Banco Caroní, C.A.).

Asimismo, ha expresado que “…el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos…”. (Vid. Sent. Nº 83 del 23/3/92, reiterada el 26/4/00, caso: Banco Mercantil C.A. S.A.C.A., contra Textilera Texma C.A. y otro). (Destacados de la Sala)).

         La exigencia de la motivación, está universalmente contenida en las leyes procesales, y es consecuencia del principio de legalidad de los actos jurisdiccionales y es una característica de la jurisdicción de derecho. Así ha dicho esta Sala que:

“…El dispositivo de todo fallo debe ser razonado, es decir, estar fundado en un examen de los hechos y de la pruebas aportadas a los autos, con las conclusiones jurídicas que a los Jueces le merecen. Esta formalidad es una garantía contra la arbitrariedad judicial, pues que, con su cabal cumplimiento la cosa juzgada que emerge del dispositivo llega a ser el resultado lógico de una sana administración de justicia” (G.F. Nº 39. Pág. 192. Márquez Añez, Leopoldo. Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Venezolana, editorial jurídico venezolano. Pág. 36, Cita Nº 46)

Conforme al numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es requisito de toda sentencia, aportar los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamenta, al quedar el poder del Juez al momento de su decisión vinculado al derecho (quaestio iuris) y a la certeza de los hechos (quaestio facti). En otras palabras, el Juez tiene el deber de explicar su decisión, esto es, hacerla comprensible mediante la descripción de los motivos que lo condujeron a tomar tal determinación.

Ello encuentra sustento, en el conocido método de razonamiento llamado silogismo, que encierra toda decisión, en efecto, el Juez realiza una operación lógica de subsunción del caso concreto que tiene en sus manos, “premisa menor”, en el supuesto de hecho que prevé la norma de manera abstracta “premisa mayor”, para luego así, poder emitir una conclusión, en este caso, una decisión judicial. Tal proceso lógico, debe quedar plasmado en el fallo de manera clara, para que posteriormente pueda controlarse la legalidad del fallo por parte de los órganos jurisdiccionales de mayor jerarquía; por las partes que se les administró justicia en el caso concreto y, por la comunidad.

De esa manera, el razonamiento jurídico expresado y justificado por el Juez en la sentencia, permite que las partes del juicio queden convencidas que fue emitida una decisión objetiva y no arbitraria, en estricto acatamiento al ordenamiento jurídico positivo y al mismo tiempo, pueda la comunidad en general conocer las razones que sustentan tal decisión. (Véase al efecto fallo Nº 669 de fecha 21 de octubre de 2008, expediente Nº 2008-314, caso Centro Simón Bolívar, C.A., y/o la República Bolivariana de Venezuela, contra Diego Arria Salicetti, y otros.)

Por lo cual, el Juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, para que sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.

Pues bien, la finalidad procesal de la motivación en la sentencia de alzada, consiste en permitir a la Sala de Casación Civil, al resolver el recurso extraordinario de casación, el control de la legalidad del fallo, propósito que se cumple al acoger y transcribir en dicha sentencia la fundamentación de la decisión recurrida.

También ha sostenido la Sala, atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en la transcripción que, ad exemplum, se vierte a continuación, que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades:

a) Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. Vale decir, no contenga materialmente ningún razonamiento, de hecho o de derecho que pueda sustentar el dispositivo.

b) Que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas. Caso en el cual los motivos aducidos, a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben tenerse jurídicamente como inexistentes.

c) Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación; y

d) Que todos los motivos son falsos. Caso en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la Alzada o a la Casación conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión, caso éste también que se equipara a la falta de motivación. (Cfr. al efecto sentencias Nº 83 del 23/3/92, caso: Juan Nazario Perozo, contra Freddy Victorio Escalona Cortez y otros, reiterada el 24/2/00, fallo Nº RC-40, Exp. 1999-750, caso Pedro Antonio Alonzo Miranda, contra Ana Luisa Alonzo de Bellera y otros; del 26/4/00, fallo Nº RC-125, Exp. 1999-302, caso: Banco Mercantil C.A. S.A.C.A., contra Textilera Texma C.A. y otro, nuevamente ratificada mediante fallos del 20/7/05, Nº RC-477, Exp. 2004-531, casación de oficio, caso: Jorge Perera Flores, contra Victorio Escalona Cortez y otro, Nº RC-182 del 9/4/08, Exp. 2007-876, casación de oficio; caso: Marlene Evarista Revete Abreu y otros, contra la Asociación Civil Unión de Conductores del Oeste; N° RC-149 del 30/3/09, Exp. 2008-662, caso: sociedad mercantil denominada Servicios y Transporte Freddy Parucho Compañía Anónima (F.P. TRANSPORTE C.A.), contra la sociedad mercantil denominada CNPC SERVICES VENEZUELA LTD S.A., y N° RC-616 del 5/11/09, Exp. 2009-076, caso: PASCUAL ANTONIO VALERIO MOYA contra Sociedad Mercantil denominada CORPORACIÓN DE ALIMENTOS BRINDISI C.A. (CORPOBRICA), las tres últimas citadas con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, entre otras.

Dentro de la categoría “c” encontramos la inmotivación absoluta, cuando los motivos de la decisión se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación.

La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes.

Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, está claro, que el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse.

Ahora bien, de la sentencia antes transcrita se desprende con meridiana claridad y sin duda alguna, que el Juez de Alzada afirma en primer término que “…al no haberse realizado un análisis de las referidas pruebas, sino que simplemente se limitó a valorarlas…” se configuró “…el vicio de silencio de pruebas, el cual puede ser declarado incluso de oficio, lo que conlleva a la nulidad del fallo recurrido…”, lo cual se traduce en un pronunciamiento por demás coherente y de ninguna forma contradictorio. Dado que es claro al determinar, que el juez de primera instancia valoró las pruebas sin hacer un estudio de su contenido y análisis de éstas. Razonamientos que para esta Sala no son diametralmente opuestos, lo que hace que su decisión resulte aceptable en lo que se refiere al requisito de motivación; en otras palabras, el juez de alzada realizó una actividad de justificación de su decisión sin incurrir en contradicción en sus fundamentos, independientemente de la certeza de dicha afirmación, dado que, si lo que pretende el formalizante es manifestar su inconformidad con el establecimiento de los hechos o la valoración de las pruebas hechas por el juez, bajo una denuncia por defecto de actividad por inmotivación, no le sería posible a la Sala, revisar dicho pronunciamiento, el cual sólo es revisable bajo la formulación de una denuncia de casación sobre los hechos, en la cual se impugne el establecimiento de los hechos o la valoración de las pruebas realizada por el juez, cumpliendo con los requisitos de una denuncia por infracción de ley, que demuestre entre otros de sus requisitos, la influencia determinante de dicho vicio en el dispositivo del fallo, el cual no se vería reflejado en este caso, en conformidad con lo previsto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, al haber sido sustituida la decisión de primera instancia, por efecto de su nulidad por la sentencia de alzada, la cual es, la que es objeto de impugnación y revisión mediante el recurso extraordinario de casación, dado que la sentencia de primera instancia no trasciende a la casación al haber sido sustituida por la sentencia de alzada.

En ese sentido, esta Sala se ha pronunciado reiteradamente, entre otras, en decisión de fecha 25 de febrero de 2004, expediente N° 2002-000907, Caso: Arnoldo Matías González González c/ Carlos Rafael Barroeta Sesti, en la cual dejó sentado que “…la demandada formalizó el recurso de casación contra la sentencia de mérito dictada por el a quo…; tal decisión carece de efecto jurídico alguno, al ser sustituida por la decisión de segunda instancia, hoy recurrida en casación…”. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-773 del 10/10/2006, Exp. N° 2006-410).

Y por cuanto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, que señala:

“…La nulidad de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de la instancia inferior, que se halle viciada por los defectos que indica el artículo 244, solo puede hacerse valer mediante el recurso de apelación, de acuerdo con las reglas propias de este medio de impugnación. La declaratoria del vicio de la sentencia por el Tribunal que conozca en grado de la causa, no será motivo de reposición de ésta, y el Tribunal deberá resolver también sobre el litigio. Esta disposición no se aplica en los casos a que se refiere la última parte del artículo 246…”. (Negritas y subrayado de la Sala).

Declarada la nulidad de una sentencia definitiva por el tribunal que conozca de la apelación, éste no podrá reponer la causa para que se dicte nueva sentencia y deberá resolver sobre el litigio, pues la apelación es el remedio que tienen las partes contra el agravio o gravamen causado por el fallo adverso a sus intereses. Su objeto principal es provocar un nuevo examen de la controversia por parte del juez de alzada, quien adquiere plena jurisdicción para juzgar los hechos controvertidos y el derecho aplicable, con el propósito final de obtener una nueva decisión capaz de revocar o confirmar la apelada. No es obtener la nulidad del fallo apelado, para que sea sustituido por otro, dado que el Código de Procedimiento Civil vigente sustituyó el sistema previsto en el Código Adjetivo Civil derogado, en el cual estaba previsto declarar la nulidad por la nulidad misma, y en su lugar, estableció un nuevo método procesal, según el cual la nulidad sólo puede ser declarada si existe utilidad en la reposición, lo que no se corresponde con los supuestos de este caso, como ya fue explicado. (Véase al efecto sentencia N° RC-238 del 5/5/2009, Exp. N° 2008-585, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).

         En consideración de todos los razonamientos antes expresados, es improcedente esta denuncia por supuesta inmotivación por contradicción en los motivos, sustentada en la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código Civil Adjetivo. Así se declara.

DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEY

QUAESTIO IURIS

I

Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción del artículo 509 ibídem, por falta de aplicación, al infringir la regla de valoración de las pruebas, incurriendo en un error al establecer los hechos y en silencio de prueba.

Por vía de fundamentación señala el formalizante:

“…En el escrito de promoción de pruebas, mi patrocinado promovió original de la certificación expedida en fecha 13 de octubre de 1999 por el Gerente General de Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A, (sic) ciudadano José Domingo Bermúdez, lo cual cursa en la primera pieza del expediente (Folio 28).

En dicha prueba, el ciudadano José Domingo Bermúdez, en su carácter de representante de la demandada, certificó que los aportes de Vicente Capriles Silvan fueron hechos a título de PRÉSTAMO.

Esta prueba no fue valorada por la recurrida y de haberlo hecho tendría que haberla adminiculado con la declaración de Andrés Capriles Radonsky, objeto de la denuncia anterior, para concluir que estamos en presencia de un préstamo del actor a favor de la demandada.

Este hecho es relevante puesto, como ha quedado señalado en la denuncia anterior, la controversia versa sobre la naturaleza de los aportes realizados por el actor, y esta prueba demuestra que fueron hechos a título de préstamo.

Alego que el Juez de la recurrida incurrió en un error al establecer los hechos, y en especial, infringió por falta de aplicación el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil…

Alego que la infracción denunciada fue determinante en el dispositivo del fallo, porque si el juez hubiese valorado en debida forma la documental señalada, habría tenido que concluir que el aporte del actor fue a título de préstamo.

Y la norma aplicable para resolver la controversia es el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, el juez de reenvío que resulte competente debe valorar expresamente la prueba silenciada.”

         Para decidir, la Sala observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende que el formalizante, le imputa a la recurrida la infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, al infringir la regla de valoración de las pruebas, incurriendo en un error al establecer los hechos y en silencio de prueba.

         En torno a esta prueba la sentencia recurrida expresa:

“…4. Original de misiva de fecha 13 de octubre de 1999, donde el ciudadano JOSÉ DOMINGO BERMÚDEZ, en su carácter de Gerente General de la sociedad mercantil DSESARROLLOS (sic) VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A. (accionada), certificó los APORTES de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 04/100 CÉNTIMOS ($ 243.515,04). Dicho instrumento, inserto en el folio 28 de la primera pieza, cataloga el dinero entregado por concepto de “APORTES” a la empresa hoy demandada, sin embargo, hay diferencia respecto al concepto que se le otorga en la misiva que se analiza y en la Asamblea General de Accionistas de la sociedad demandada celebrada el 29-10-1999 donde se indica que “…los accionistas que así lo deseen (podrán), suscribir y pagar el aumento mediante capitalización de las ACREENCIAS que posean en contra de la compañía”. En este sentido, se observa que la certificación prueba fehacientemente que el ciudadano VICENTE EMILIO CAPRILES (accionante), entregó a la demandada DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A. dicha cantidad, empero, respecto al concepto (aporte o acreencia ¿bajo qué título?) esta Superioridad lo hará más adelante en el cuerpo de este fallo. Se valora conforme al artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.

(…omisis…)

SEGUNDO: En el caso de marras, quedó evidenciado al analizarse el acervo probatorio que el accionante es socio fundador de la empresa demandada lo cual demuestra una clara intención de inversión, por lo menos para la fecha de constitución de la accionada, tal y como se desprende del propio documento estatutario. Por otro lado, se evidencia fehacientemente que el resto de los accionistas realizaron el aporte a título de inversión, tal y como se desprende de las diversas actas de Asamblea analizadas con anterioridad. Asimismo, el accionante poseía el cargo directivo dentro de la empresa demandada, con lo que se deriva un interés inequívoco del accionante en la suerte del proyecto.

Ahora bien, en el acta de la asamblea de accionistas celebrada el 29 de octubre de 1999 de la sociedad mercantil DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A. se usó la palabra “acreencia” cuando el accionante se negó (únicamente él) a capitalizar su dinero a los fines de emitir nuevas acciones.

En este sentido, la palabra acreencia, no forzosamente significa “préstamo” sino que la misma constituye un genérico que debe entenderse como “todo derecho que tiene una persona para pedir o exigir el cumplimiento de una obligación de dar, hacer, o no hacer”. De modo, que la expresión “acreencia” en el acta de asamblea del 29 de octubre de 1999 de la sociedad demandada DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., no puede probar por sí sola el contrato consensual de “préstamo a interés” al que alude el accionante.

Por otro lado, de una revisión pormenorizada de las actas valoradas en la causa de marras, se observa que siempre se manejó el concepto de “aporte a la sociedad” o “aporte”, y así lo demostró la inspección judicial practicada por el A-quo el 17 de mayo de 2004, las misivas emanadas de la demandada de fechas 15-10-99, 08-12-98 y 14-06-99, donde califican el dinero otorgado por el accionante como “aportes” a la demandada, inclusive en la certificación de aporte de fecha 13-10-1999 inserta al folio 28 de la primera pieza, traída a los autos por el accionante y emanada de la parte demandada.

Aunado a ello, no existe en autos elementos suficientes para considerar que el dinero que ingresó al patrimonio de la accionada, se hizo en calidad de préstamo a interés, pues no riela documento, declaración testimonial, inspección judicial, o misiva que demuestre tal condición de forma inequívoca, sino todo lo contrario, pues quedó verificado que el accionante, es socio de la demandada; que ocupó diversos cargos en a (sic) directiva de la misma y, aportó cuando le fue solicitado, sumas de dinero requeridas por la accionada permite constatar que lo que hubo fue una erogación en calidad de aporte como socio, máxime si así quedó establecido en los distinto (sic) instrumentos que contienen las diferentes cantidades entregadas a la sociedad mercantil demandada. Adicionalmente, en los documentos insertos en la presente causa nunca se manejó el concepto de “préstamo a interés”, sino que se trataron siempre de “aportes” o “acreencias”.

De modo que, no puede atribuírsele el carácter de préstamo a interés a la suma recibida por la demandada de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE DÓLARES ESTADOUNIDENSES ($ 243.515,00), pues nunca se demostró en el íter procesal, ni de la actividad probatoria desplegada por las partes, dado que siempre se manejó el concepto de “aportes” a los fines de financiar la sociedad demandada, derivado de la posición de socio de la referida asociación…”

         En el presente caso la Sala observa, que del extracto de la sentencia recurrida antes transcrito, se desprende sin lugar dudas, que el juez de alzada no cometió el vicio de silencio de prueba que se le imputa, dado que si analizó dicho instrumento probatorio y le otorgó el valor probatorio que creyó era el adecuado, y por ende no ocurrió en falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

         Por otra parte, si el formalizante lo que pretende es atacar la valoración que de esta prueba hizo el juez de la recurrida, el formalizante debió dirigir su delación en este sentido, señalando en qué forma cometió el juez el error de percepción en su análisis, ya sea por la comisión del vicio de suposición falsa, “…cuando el juez para dirimir la controversia de la cual se trate, a causa de un error de percepción, establece un hecho falso o inexacto, u omite establecer uno verdadero, que conste de las pruebas practicadas. Cuando se habla del tercer caso de suposición falsa (…) se trata entonces, tal como lo sostiene la doctrina y la jurisprudencia; del error en el cual incurre el juzgador, dando por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos contenidos en el expediente mismo….” (Cfr. Fallo N° RC-355 del 30-5-2006, Exp. N° 2005-805), o por la falta de aplicación de una noma específica para la valoración de este tipo de medio probatorio, o por errónea interpretación o falsa aplicación de la ley, especificándose como se cometió el vicio y su influencia determinante de lo dispositivo del fallo.

         Como consecuencia de todo lo antes expuestos, es improcedente esta denuncia por supuesta infracción del artículo 509 del Código Civil Adjetivo. Así se declara.

-II-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción del artículo 509 ibídem, por falta de aplicación, al infringir la regla de valoración de las pruebas, incurriendo en un error al establecer los hechos, en silencio de pruebas y en silencio parcial de prueba.

Expresa el formalizante:

“…En esta denuncia vengo a plantear un error en el establecimiento de los hechos que cometió el sentenciador al haber silenciado una prueba trascendente sobre la suerte de la controversia.

(…omisis…)

D E C I S I Ó N

     Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 15 de abril de 2009.

En consecuencia, ANULA la sentencia recurrida, y ORDENA al juez superior que resulte competente, dicte nueva sentencia, en sujeción irrestricta a lo establecido por esta Sala. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión dictada.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

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Derechos del niño en otros países (o cómo un menor de edad se fuma 40 cigarrillos al día)

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Para ver el video, click aquí. http://bit.ly/dAi0Li

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ASAMBLEA NACIONAL SANCIONÓ AYER LEY DE ACTIVIDAD ASEGURADORA.

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En horas de  la tarde de ayer la Asamblea Nacional sancionó la reforma del proyecto de la Ley de Actividad Aseguradora cuya segunda discusión se llevó a cabo durante tres sesiones ordinarias consecutivas donde se aprobaron los 185 artículos de este instrumento legal.

Para esta última jornada habían quedado pendiente los artículos que tienen que ver con las sanciones a las empresas aseguradoras que incurran en irregularidades, así como también el tema del funcionamiento de las cooperativas de seguros las cuales van a estar sujetas y regidas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora quien es el ente que fiscaliza y coordina todo lo relacionado en esta materia.

Por otra parte se fijó un plazo de 5 años para que los empleados de la administración pública que se encuentran asegurados por compañías privada pasen a las compañías de seguros públicos.

Es importante recordar que antes de esta discusión ya se habían aprobado algunos puntos que tenían que ver con la eliminicación de la clave de emergencia contemplado en el artículo 40 numeral 22, la inclusión de cobertura de enfermedades mentales, preexistentes (numeral 23 del mismo artículo) y el servicio odontológico.

“Este artículo 40 numeral 22 establece una justicia social, porque nadie puede entender que una tercera persona, sin ningún criterio médico, decida si se atiende o no a un paciente que acude a un servicio de emergencia en una clínica”, sostuvo el diputado Tirso Silva, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas.

“Con la aprobación del numeral 23 se legaliza la atención de pacientes con labio leporino y paladar hendido, así como los que sufren de obesidad mórbida, por ejemplo, podrán practicarse cirugías sin que éstas sean consideradas como un afán estético”, enfatizó.

En otro orden de ideas este instrumento jurídico establece el marco normativo para la supervisión, la regulación y el funcionamiento de la actividad aseguradora, en busca de garantizar los procesos de transformación socioeconómicos que promueve el Estado.

La ley será remitida al ejecutivo en los próximos días y al salir en vigencia será cuando se de a conocer el reglamento el cual disipará cualquier duda que se pueda tener en cuanto al tema de las pólizas de seguros y sus costos.

Pensionados y jubilados

El vicepresidente de la Comisión de Finanzas, diputado Simón Escalona, destacó también la aprobación del artículo 134, donde se establece la obligación de las empresas aseguradoras de suscribir planes de servicios que amparen a los jubilados, pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades físicas y mentales.

“Este artículo hace justicia social. Por primera vez se incluyen en las pólizas enfermedades mentales y odontológicas para mejorar la calidad de vida de los venezolanos”, dijo el diputado Tirso Silva.

Asimismo, Escalona agregó que este artículo también establece la obligatoriedad de brindar cobertura médica a aquellas personas que tengan un ingreso inferior a 25 Unidades Tributarias mensuales, es decir, mil 625 bolívares.

“La finalidad de esta cobertura, conocida como plan solidario de salud, es garantizarle a los pacientes con enfermedades crónicas, como el cáncer, una asistencia médica continua”, dijo el diputado.

Dentro del articulado aprobado también resalta el artículo 13 relativo al empoderamiento del pueblo que, a través de los consejos comunales, podrá hacer reclamos cuando considere vulnerados sus derechos.

“Los consejos comunales estarán en la obligación de investigar los reclamos y de remitirlos a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, para imponer las medidas respectivas”, precisó Escalona.

Igualmente, el artículo 31 de la norma autoriza a las empresas del Estado a operar como empresas de seguros para brindar protección médica integral a los trabajadores y a su grupo familiar.

La modificación de esta ley se da para evitar conductas monopólicas y prácticas abusivas en el sector, una vez que la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional estableciera en su artículo 7 que “las instituciones que integran el Sistema Financiero Nacional no pueden conformar grupos financieros entre sí o con empresas de otros sectores de la economía nacional”, incluidas las del sector asegurador.

Información extraída de la pagina web wwwnoticias24.com.

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