Demandado por deudas

Además del embargo, existen otras medidas para procurar el cobro efectivo de las deudas

La persona que tiene deudas por pagar y no cumple, asume el riesgo de sufrir un embargo sobre los bienes de su propiedad. Nos preguntan: ¿qué es un embargo?, ¿quiénes pueden lograr un embargo? Cuando se tienen facturas por cobrar, recibos, letras de cambio, pagarés e incluso cheques no pagados, puede acudirse a los tribunales para demandar por cobro de bolívares al deudor. En el escrito de la demanda se hará mención expresa del título o documento donde consta la obligación insatisfecha. Asimismo, se pedirá al juez que dicte una medida preventiva para asegurar las resultas del juicio: el embargo. Ahora bien, además del embargo, existen otras medidas para procurar el cobro efectivo de la deuda, por ejemplo, el "congelamiento de las cuentas bancarias" manejadas por el deudor, y la prohibición de vender o hipotecar bienes inmuebles (apartamentos, terrenos, casas u otros) que figuren en el Registro Inmobiliario a nombre del demandado obligado a pagar.

¿Cómo se practica el embargo de los bienes del deudor? El tribunal ejecutor de la medida de embargo se traslada y constituye en el domicilio, residencia o lugar de trabajo del demandado. En ese momento, el juez se identifica y entrega al deudor la copia certificada del libelo de la demanda y demás recaudos demostrativos de la deuda por cobrar. Por supuesto que el monto del crédito no será el mismo, habrá que incluir otros conceptos, a saber: intereses vencidos, gastos judiciales y honorarios profesionales de los abogados del acreedor demandante. Estos últimos se estiman en una suma no mayor al treinta por ciento sobre el capital adeudado. En consecuencia, el día del embargo, sólo dos escenarios pueden presentarse: que el deudor persista en negarse al pago, lo que provocará que el tribunal se lleve los bienes a una depositaria judicial. Por el contrario, si el deudor paga, se libera del embargo.

Con el embargo se busca que el deudor ofrezca al acreedor un "convenimiento" o plan de pago. Es potestativo del titular de la acreencia aceptar dicha propuesta o no. Todo dependerá de las garantías que anuncie el ejecutado, así como del plazo para el pago total de la deuda. Lo ideal es hacer uso de la mediación entre las partes. Una vez alcanzado el acuerdo, deberá ser homologado por el tribunal. Es la notificación de tal evento al Juez, quien dará la aprobación correspondiente. Es importante que el acreedor conozca cuáles son el resto de los bienes del deudor susceptibles de aprehensión: dinero en efectivo que repose en cuentas bancarias, títulos valores, acciones en empresas, vehículos, naves y aeronaves, joyas, obras de arte (cosas muebles en general) e insistimos, los bienes inmuebles señalados. La investigación sobre el patrimonio del deudor a realizar por el abogado del acreedor es fundamental para la efectiva cobranza de las deudas pendientes de pago.

Los abogados en Venezuela, al dar asesoría jurídica oportuna, recomiendan al deudor asumir tareas para preservar o proteger el patrimonio. Al emitir segunda opinión legal, subrayamos la necesidad que tiene el deudor de pagar sus obligaciones, para luego poner en movimiento las herramientas conocidas con el nombre del blindaje o protección patrimonial. Cuando el deudor carece de bienes, la deuda es incobrable; de ser esa la situación, el acreedor debe esperar a que el deudor adquiera bienes de fortuna.

Manuel Alfredo Rodríguez. ABOGADO LITIGANTE. PROFESOR UCV, UCAB Y USM
ASOMIVIS@GMAIL.COM

Fuente: http://www.eluniversal.com/2009/09/15/opi_art_demandado-por-deudas_1560082.shtml

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Pelea entre socios

El accionista, o aun los cónyuges, no están forzados por la ley a mantenerse unidos

Existe un viejo principio que reza: nadie está obligado a permanecer en comunidad. Esto significa que "las sociedades no son eternas o de por vida". Un socio hoy podría dejar de serlo mañana si esa es su voluntad. En efecto, el accionista, o aun los cónyuges, no están forzados por la ley a mantenerse unidos. En otras palabras, al crear o formar una empresa, cada accionista tiene el legítimo derecho de vender sus acciones y dejar de formar parte de la misma en cualquier momento. Ahora bien, al respecto es importante que el ciudadano común conozca que los llamados Estatutos Sociales o Registro Mercantil de la empresa, por lo general, regulan que los demás accionistas tengan el derecho de preferencia para comprar o adquirir las acciones del socio saliente. Entonces, el socio vendedor deberá, en primer lugar, ofrecer sus acciones en venta al resto de los accionistas de la sociedad. Y sólo cuando los demás socios no manifiesten o deseen comprar, es cuando aquél es libre de vender sus acciones a cualquier tercero interesado.

Los inconvenientes surgen cuando el socio saliente no consigue quien le compre sus acciones. Por ello, nos preguntan: ¿qué puede hacer el accionista que no tiene comprador para sus acciones?, ¿está constreñido a seguir como socio? Algunos sostienen que un accionista por sí sólo no puede pedir la partición o terminación de la sociedad. Nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha aclarado que esta petición o demanda no está reservada de manera exclusiva a la Asamblea de Accionistas. Somos del criterio, en virtud de los recientes juicios observados en los juzgados de la República, que cualquier accionista puede ejercer el derecho de demandar al resto de sus coaccionistas para solicitarles la partición de los bienes o activos de la sociedad, lo que conlleva a la liquidación del ente social una vez pagados los pasivos.

El mecanismo para alcanzar lo explicado es el Juicio de Partición de Bienes Comunes establecido en el art. 777 del Código de Procedimiento Civil venezolano. El objeto de la demanda es requerir al juez que se dividan o repartan los bienes de la comunidad de bienes, conyugal o de cuentas. Examinemos un ejemplo repetitivo derivado de nuestro ejercicio profesional: aquel inmueble que ha sido comprado por tres personas y, más tarde, una de ellas pretende su cuota parte del todo. De no presentarse un comprador para esos derechos, devendrá de forma necesaria la venta forzada en los tribunales al mejor postor. En consecuencia, lo que se obtenga del remate será repartido entre cada uno de los copropietarios del bien, en proporción a los derechos de los titulares.

Cualquier socio puede demandar al resto de los coasociados, para que éstos convengan en "partir" en relación a sus acciones. De lo contrario, de no producirse el acuerdo, el tribunal ordenará la partición forzosa de los bienes que integran la sociedad. Los copropietarios, o se ponen de acuerdo en comprar o vender sus derechos entre ellos, o resultará la partición judicial. Los copartícipes serán llamados a juicio como demandados y el día de la contestación de la demanda, si el demandado no se opone a la partición, se nombra el Partidor por mayoría absoluta de personas y haberes, si no, lo designará el juez. Por último, el Partidor fija el valor del bien, resta las deudas, precisa el monto a partir y la cuota para cada parte.

Manuel Alfredo Rodríguez. ABOGADO LITIGANTE. PROFESOR UCV, UCAB Y USM
ASOMIVIS@GMAIL.COM

Fuente: http://opinion.eluniversal.com/2009/09/08/opi_art_pelea-entre-socios_1546516.shtml

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Deudores embargados

¿En cuáles casos se pueden embargar los bienes de un deudor?

Cuando la deuda es exigible y el deudor no paga, puede sufrir un embargo sobre sus bienes. Es la demanda por cobro de bolívares a ejercer por el acreedor ante los tribunales. El obligado responde con sus bienes habidos y por haber, artículo 1863 del Código Civil venezolano. El legislador no exige que se ponga en mora al incumplidor, léase, que se le llame a pagar; basta que llegue el día en que la obligación sea de plazo vencido.

Al respecto, nos preguntan: ¿Cuáles documentos se requieren para embargar los bienes del deudor? La Ley precisa los siguientes: facturas aceptadas, letras de cambio ("giros"), cheques, pagarés, recibos, documentos públicos y privados, donde repose la existencia de la obligación incumplida. ¿Qué mecanismo expedito se recomienda para la cobranza de deudas en Venezuela? Al emitir una segunda opinión legal, los abogados señalan el procedimiento de intimación con la solicitud de medida preventiva de embargo. ¿Cómo podría defenderse el sujeto que ha rechazado de forma reiterada reconocer la deuda en su contra? Las defensas, excepciones o negaciones al pago son válidas, pero supone que sean aducidas una vez practicado el embargo sobre los bienes del deudor. Por último, ¿es posible determinar los bienes que serán objeto del embargo judicial? Conforme a nuestra práctica profesional, se constata que la recuperación del crédito puede recaer en los haberes en cuentas bancarias, vehículos, lanchas, terrenos, quintas, apartamentos, acciones tenidas en sociedades mercantiles, entre otros activos o pertenencias del deudor.

Lo correcto es que el deudor cumpla u honre las obligaciones asumidas por él, en su oportunidad. Pero nada obsta a que una persona diligente acuda a la técnica del blindaje o cúbrase patrimonial, antes de constituirse en deudor. Significa que no es delito carecer de activos, vale decir, no disponer de bienes a nombre o título personal. De hecho, es legítimo que un inmueble sea parte del patrimonio de una sociedad mercantil o civil. Esta persona jurídica será representada, dirigida y administrada por una Junta Directiva integrada por la persona natural relacionada al bien en cuestión, junto a los familiares o socios de aquella.

Los detractores de la tesis esbozada esgrimen que para exclusivas materias del Derecho no aplica lo razonado. Sin ánimo de imponer soluciones en uno u otro parecer, reconocemos que en efecto, en el campo laboral, por ejemplo, la jurisprudencia patria otorga primacía a la denominada "unidad económica" en cuanto a las empresas involucradas en carácter de patronos. Asimismo, en lo que atañe al concepto del "levantamiento del velo corporativo" es traducido por la mayoría en el desconocimiento del manto protector objetivado en la persona jurídica, para así asignarle responsabilidad a los socios o directivos de la compañía. Fuera de las situaciones comentadas, es relevante concluir que las personas dedicadas al tráfico comercial según el régimen legal vigente, pueden disponer de sus bienes de forma libre, voluntaria y sin limitaciones. Es lícito alcanzar seguridad jurídica respecto a los bienes propiedad de la persona natural, siempre que se respeten los derechos de los terceros. Las condiciones fundamentales para lograr lo planteado son: pagar las deudas pendientes y no tener una prohibición de venta o hipoteca de bienes dictada por un Tribunal.

Manuel Alfredo Rodríguez. ABOGADO LITIGANTE. PROFESOR UCV, UCAB  Y USM ASOMIVIS@GMAIL.COM

Fuente: http://cine.eluniversal.com/2009/09/01/opi_art_deudores-embargados_1539183.shtml

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Inquilinos morosos

La única vía para ejercer el reclamo son los órganos de administración de justicia

Puede la Junta de Condominio ordenar la suspensión de un servicio público (electricidad, agua u otro) por el estado de morosidad de un inquilino? ¿Qué acciones podría ejercer el arrendatario víctima de tal violación? En nuestra práctica profesional es frecuente observar decisiones adoptadas en asambleas de propietarios en ese sentido, debido al retraso en el pago de las cuotas de condominio. Acto seguido, al acudir el inquilino a solicitar información de lo sucedido, la Junta de Condominio esgrime que dicha actuación es legítima por haberse tomado con la mayoría absoluta de los residentes del edificio. Incluso, se le advierte al incumplidor que las próximas sanciones a imponer de persistir en el impago, son el corte del gas y la restricción del uso del ascensor.

El arrendatario contrató a un abogado, quien a través de un juez, practicó una inspección ocular para dejar constancia de los hechos. En efecto, el tribunal se trasladó al piso correspondiente del inmueble, y verificó que en las llaves de paso había un tapón que impedía la fluidez del agua. Además se demostró que en la cartelera del edificio fue colocada una comunicación dirigida a los copropietarios emanada de la Junta, donde se exhorta a los morosos que se adoptarán contra ellos similares medidas para que cumplan de inmediato con sus obligaciones. En respuesta, el abogado del inquilino interpuso acción de Amparo Constitucional. Explicó al tribunal que su representado, por no haber pagado a la fecha varias cuotas de condominio, fue lesionado por la conducta asumida por la Junta de Condominio. En base a ello, el inquilino solicitó al juez que se les ordene a los miembros de la Junta restablecer el servicio del agua al apartamento que ocupa. Asimismo, requirió que se condene a los demandados a pagar la totalidad de los gastos del juicio y los honorarios de abogados del demandante, aunado a una indemnización por los daños y perjuicios padecidos por el quejoso.

Por su parte, los integrantes de la Junta de Condominio, en su defensa, argumentan que ¿cómo es posible que el inquilino reclame derechos, si éste no ha cumplido con sus obligaciones?, que más bien es él quien ha causado severos daños a sus vecinos. Señalan en su descargo que por culpa del inquilino moroso, el resto de los copropietarios han sufrido el corte del servicio del agua en el edificio por la empresa que lo proporciona. El juez de la causa sentenció que nadie puede hacer justicia por sus propias manos, ya que para ello están los tribunales; que a un individuo le está vedado ordenar la suspensión del servicio del agua a un apartamento por morosidad en el pago de las cuotas de condominio.

Esta táctica muy arraigada en algunas juntas de Condominio, quizás por falta de asesoría legal, es contraria a Derecho por ser un atentado a la salud de los habitantes del inmueble. Si la Junta corta el servicio del agua, vulnera la dignidad, el honor y la reputación de éstos. La única vía para ejercer el reclamo son los órganos de administración de justicia. El tribunal sentenció a favor del inquilino moroso y ordenó a la Junta colocar de inmediato la llave de paso para el suministro del agua en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas. Así se decidió. Es de concluir que aun cuando el Derecho nos asista, debemos acudir a los tribunales para dirimir nuestros conflictos con los demás.

Manuel Alfredo Rodríguez. ABOGADO LITIGANTE. PROFESOR UCV, UCAB Y USM. ASOMIVIS@GMAIL.COM

Fuente: http://www.eluniversal.com/2009/08/25/opi_art_inquilinos-morosos_1531582.shtml

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Venta de inmuebles

El contrato más recomendado en la práctica es la opción de compraventa

El dueño de un inmueble nos pregunta: ¿Qué tipo de contrato debe emplearse a la hora de vender un apartamento, quinta o terreno? Al respecto, el contrato más recomendado en la práctica es la opción de compraventa. Una de las partes, llamada ‘promitente’, se obliga en relación a la otra, ‘optante’, a no vender la cosa de su propiedad a una tercera persona, ello, por un tiempo determinado. Mientras corre el plazo, el optante puede (no está compelido) ejercer el derecho de la opción de compra, lo que se traduce en el pago del saldo deudor del precio de venta. En la verdadera opción de compra, una sola de las partes es quien se obliga; la otra, no asume compromiso alguno. Así lo ha precisado nuestro más Alto Tribunal de Justicia: cuando del contrato derivan obligaciones recíprocas para quienes lo suscriben, no se trata de una opción sino que, por el contrario, estamos en presencia de un contrato de venta.

¿Qué significa esto? ¿Qué efectos jurídicos ocasiona un contrato de opción de venta mal redactado? La consecuencia fundamental es que el promitente ya deja de ser dueño del bien y pasa a ser un simple acreedor por la diferencia del precio convenido. El nuevo propietario es el optante, quien a cambio de haber pagado las arras o pago parcial del precio, ya es considerado por la Ley: nuevo propietario del inmueble. Lo interesante es subrayar que, si lo explicado es sabido de antemano a la firma del contrato por el dueño, podemos afirmar que éste no se arriesgará a suscribir una opción de venta ‘mal redactada’. Entonces, ¿qué contrato le favorece a quien desee vender? La respuesta la encontramos en el contrato de venta pura y simple a ser inscrito de forma directa en la oficina inmobiliaria de Registro correspondiente. El día de la firma del contrato definitivo de venta, el vendedor recibirá el precio total mediante cheque de gerencia a su nombre y como contraprestación, entregará al comprador la propiedad del inmueble.

Ahora bien, si las partes suscriben un contrato de opción de venta bien redactado: ¿cuál de ellas resultará más beneficiada? En principio debemos responder que será la parte denominada promitente. Esto ocurre porque al vencer el plazo concedido al optante para que pague el saldo del precio de venta, y no lo hace, las arras son propiedad del promitente. Éste último, de ser el caso, queda en libertad para disponer de su inmueble y podrá suscribir nuevo contrato con otra persona interesada. Sin embargo, el asunto controvertido no es fácil. Ante los tribunales, es frecuente constatar que en la situación reseñada, los abogados del optante ejercen acciones en contra del promitente. El optante manifestará a sus abogados que el día de la firma del contrato de venta definitiva, el vendedor no acudió al Registro, por lo que incumplió. Es allí cuando inicia el calvario del promitente, por cuanto podría verse involucrado en un juicio penal por la presunta comisión de un delito (estafa, fraude). Aunado a la demanda a intentar por el optante ya que alegará que le incumplieron el contrato; ésta irá acompañada de una orden judicial de prohibición de venta del inmueble para no permitir que el dueño venda a otro individuo.

Aunque el contrato se llame opción de compra, será considerado por el Tribunal como una compraventa cuando en su texto se lean expresiones como: ‘prometo vender “ y “ prometo comprar’.

Fuente: http://politica.eluniversal.com/2009/08/11/opi_art_venta-de-inmuebles_1508342.shtml

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Protéjase de estafas

El objeto es recomendar la adopción de medidas para evitar o minimizar el riesgo patrimonial

El artículo 494 del Código de Comercio estatuye: "El que emita un cheque sin provisión de fondos y no proveyere al librado (léase al Banco) de los fondos necesarios antes de la presentación del cheque (alude al protesto en la Notaría Pública, en nuestro análisis) o que después de emitido éste, frustrara su pago, será penado por denuncia de parte interesada con prisión de uno a doce meses, siempre que no concurran las circunstancias previstas en el Código Penal para el delito de estafa".

Es importante hacer notar a quienes se dedican al tráfico mercantil rutinario, la continuación del texto normativo citado: "El que haya recibido un cheque a sabiendas de que fue emitido sin provisión de fondos, no tendrá acción penal contra el librador y será castigado con multa hasta de un quinto del valor del cheque o arresto proporcional…". Esto significa que es cierto lo que con frecuencia se escucha decir de algunos empresarios avezados: no sólo comete delito quien emite el cheque sin provisión de fondos, también incurre en conducta delictiva la persona que recibe el cheque con el conocimiento de que para ese momento no había fondos en la cuenta corriente contra la cual se libra el instrumento. Sin embargo, subsisten las acciones civiles por cobro de bolívares derivadas del incumplimiento.

De lo anterior se constata asimismo, que constituye delito aquella conducta observada de manera reiterada, la cual consiste en que después de emitido el cheque por el librador o titular de la cuenta bancaria éste se comunica con el banco respectivo, y le ordena suspender el pago de dicho documento. En los tribunales penales de la república abundan las denuncias en ese sentido, éstas, por lo general, terminan en sentencia condenatoria contra quienes incurren en esta práctica dolosa. Hay que recordar a título conclusivo, que en las situaciones referidas, bien aplica la conocida consagración legislativa: la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, artículo 2 del Código Civil venezolano.

Subrayamos a continuación ciertos "usos delictivos" identificados en nuestro ejercicio profesional. El objeto es recomendar la adopción de determinadas medidas elementales para así evitar o al menos, minimizar el riesgo patrimonial. Por ejemplo, el hecho de aceptar cheques como pago de la mercancía vendida al detal por comerciantes. Resulta que a pesar de la conformación del cheque al momento de la transacción mediante información al banco, ocurre que días más tarde, el cheque "rebota" o no es pagado por esa institución. Surgen las interrogantes: ¿qué sucedió?, ¿cómo se explica que habiendo fondos para cubrir el cheque no se logró hacer efectivo el cobro?, ¿quién incurrió en culpa, torpeza o en negligencia? Sostenemos que lo primero es lograr la prueba con el protesto del cheque para acreditar el motivo por el cual el banco lo rechazó en la cámara de compensación. En supuestos similares ventilados por los tribunales, se advierte el denominador común de señalar como la causa del impago: la firma defectuosa del librador. Nótese que se trata de un asunto subjetivo sometido a la apreciación del funcionario del banco, por lo que no recaerá responsabilidad alguna hacia el "estafador". Al dar segunda opinión legal, afirmamos: la prevención en el ejercicio de nuestros bienes, derechos e intereses, pareciera ser la solución al respecto.

Manuel Alfredo Rodríguez. ABOGADO LITIGANTE. PROFESOR UCV, UCAB  Y USM – WWW.IGUALA.COM.VE

Fuente: http://www.eluniversal.com/2009/08/04/opi_art_protejase-de-estafas_1497441.shtml

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Patronos arrestados

Si el multado no pagare la multa dentro del término fijado, será arrestado

Es posible que se produzca el arresto del patrono por no pagar la multa impuesta por la Inspectoría del Trabajo? La pregunta se formula a raíz de lo previsto en el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo en su literal "g". Citamos: "El procedimiento para la aplicación de las sanciones estará sujeto a las normas siguientes “ (omissis)” g) Si el multado no pagare la multa dentro del término que hubiere fijado el funcionario, éste se dirigirá de oficio al Juez de Municipio” del lugar de residencia del multado, para que dicha autoridad le imponga el arresto correspondiente. En todo caso, el multado podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago…".

Ahora bien, en atención a la consagración legislativa indicada, nuestro más Alto Tribunal de Justicia, en Sala Constitucional, el siete de marzo de 2007, sentenció que la referida norma no guarda armonía con las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En efecto, el artículo mencionado en materia Laboral no prevé un procedimiento jurisdiccional que asegure el cumplimiento de las garantías constitucionales del patrono multado para luego proceder a privarlo de su libertad personal. Es de subrayar que el fundamento hecho valer en esta oportunidad es que el cambio o "conmutación" de la multa en arresto sería impuesta sin procedimiento judicial previo ni control de prueba alguna, lo que violaría el Derecho a la Defensa y el Debido Proceso de todo ciudadano. En consideración a lo expuesto, para no hacer nugatoria la facultad sancionadora de la Administración, el referido fallo estableció que en el caso de no pagarse la multa deberá respetarse la vía de la ejecución forzosa de los actos administrativos plasmada en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

La ejecución forzosa de los actos emanados por la Administración se lleva a cabo como sigue. Cuando se trate de actos de cumplimiento personal, y el obligado se resistiere a satisfacerlos, se le impondrán multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía. En consecuencia, ante el evento de que persista en el incumplimiento, será sancionado con nuevas multas iguales o mayores a las impuestas hasta ese momento; así, gozará de un plazo razonable a criterio de la Administración, para que cumpla la providencia. En conclusión, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ordenó desaplicar el literal "g" del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, por existir evidente colisión con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El arresto se impondría sin procedimiento previo, y ello configura violación del Derecho a la Defensa y el Debido Proceso en cuanto al patrono multado. En las circunstancias bajo estudio, se precisó que el Tribunal no puede imponer el arresto a que se refiere la norma, sino que el Inspector del Trabajo debe honrar el procedimiento de ejecución forzosa reseñado. Al verificarse el impago de la multa y posteriores sanciones, podrá hacerlas cumplir con el mecanismo de la ejecución de créditos fiscales determinado en el Código de Procedimiento Civil Venezolano.

Sostenemos que la misma argumentación jurídica rige sobre las pretensiones coercitivas o medidas privativas de libertad impuestas contra los patronos de empresas que se niegan a acatar el "reenganche" de los trabajadores amparados por el Decreto de Inamovilidad laboral.

Manuel Alfredo Rodríguez. ABOGADO LITIGANTE. PROFESOR UCV, UCAB  Y USM. WWW.IGUALA.COM.VE

Fuente: http://opinion.eluniversal.com/2009/07/28/opi_art_patronos-arrestados_1480788.shtml

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