Nueva jurisprudencia sobre la acción de simulación (acumulación, valor de fotografías, anuncios, acción pauliana)

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Tsj.gov.ve, 2010

· Del convenimiento o transacción con algún litisconsorte

· De la Acumulación de procedimientos en la simulación

· De la Indeterminación del tipo de nulidad contractual

· La acción puliana y la simulación

· Validez de las fotografías en Juicio y su ratificación por vía testifical

· El vicio de inmotivación en la sentencia

· Aplicación del art 466 para el caso de avaluos.

· Avisos publicatarios como referencia para valorar un inmueble

· La carga de la prueba

· VOTOS SALVADOS

"…En el juicio por simulación de venta intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, por el ciudadano PABLO PIERMATTEI CLERICUZIO, representado judicialmente por los abogados Jeannie Piñero Ávila, Yomeli Guyon Bolívar, Ely Peraza Vargas, Manuel Alfredo Rodríguez y Luís Mejías Sarmiento, contra los ciudadanos ALFREDO JOSÉ FLORES GONZÁLEZ, REINA GARCÍA CORVO DE FLORES, ANA DE JESÚS CORVO DE GARCÍA, MARÍA EUGENIA FLORES ALVIAREZ y CARMELA GERRATANA CARDOZO, los tres primeros representados por los abogados Antonio José Flores Muñoz, Aquiles José Vásquez, Héctor Díaz Morales y José Crispín Flores Muñoz, la cuarta por José Simón González Ochoa, y la última por Galmir Gerratana Cardozo y Zora Escalona; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío, dictó sentencia en fecha 18 de febrero de 2008, declarando con lugar la demanda, sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, confirmando la decisión del a quo de fecha 11 de noviembre de 1999. En consecuencia, declaró la nulidad de los contratos de compra-venta realizados por los codemandados de conformidad con el artículo 1.281 del Código Civil.
Contra el referido fallo de alzada la representación judicial de los codemandados Alfredo José Flores González y Carmela Gerratana Cardozo, anunciaron recurso extraordinario de casación, los cuales fueron admitidos y oportunamente formalizados. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, se dio cuenta en Sala, correspondiendo la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las consideraciones siguientes:
PUNTO PREVIO
Ante la Secretaría de esta Sala fué presentado en fecha 17 de marzo de 2.009, a las 1:35 p.m., el escrito de formalización del co-demandado Alfredo José Flores González, en el que se formularon varias denuncias por defectos de actividad y por infracción de ley. En fecha 18 de marzo de 2009, siendo las 11:12 a.m., fue consignado escrito de formalización de la co-demandada Carmela Gerratana Cardozo, en la que igualmente formularon varias denuncias por defectos de actividad y por infracción de ley.
La Sala conforme al orden cronológico de presentación de los escritos de formalización establece que: Conocerá primero de las denuncias por defecto de actividad formuladas por el co-demandado Alfredo José Flores González, por haber consignado su escrito con antelación a la otra co-demandada, y seguidamente conocerá de las denuncias por defecto de actividad formuladas por la co-demandada Carmela Gerratana Cardozo, y de no ser procedente alguna de ellas, pasará a examinar las de infracción de ley formuladas por ambos formalizantes, en el orden de presentación de sus escritos, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
CO-DEMANDADO ALFREDO JOSÉ FLORES GONZÁLEZ
I


Para decidir, la Sala observa:
Se asevera que la sentencia dictada por la alzada resulta inmotivada, y al examinar las razones que han sido expuestas por el formalizante para fundamentar su dicho, la Sala estima oportuno citar el criterio que respecto al vicio de inmotivación ha sido sostenido entre otras, en la sentencia Nº 231 de fecha 30 de abril de 2002, juicio Nory Raquel Quiñonez y otros contra Instituto Autónomo de Policía del Estado Yaracuy y otro, expediente Nº 01-180, y ratificado en fallo Nº 476 de 26 de mayo de 2004, juicio Avilio José Trujillo contra Inversiones El Rolito, C.A., expediente Nº 2002-099; según el cual:
“…La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes. Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos…” (Negrillas de la Sala).
De modo que, de acuerdo con el referido criterio, una sentencia puede considerarse inmotivada, si carece absolutamente de argumentos fácticos o jurídicos que la fundamenten; cuando las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben considerarse como inexistentes jurídicamente; o cuando los motivos expresados en ella se destruyen los unos a los otros por resultar contradictorios o falsos.
Ahora bien, en la denuncia examinada, el formalizante, nada expresa en relación con esos supuestos en virtud de los cuales una sentencia se puede considerar inmotivada. Acusa la inmotivación e incongruencia de la recurrida y luego señala que “…sacó elementos de convicción fuera de los autos y valió excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados…”; lo que logra es confundir en relación al vicio que pretende delatar, e impedir, en virtud de las deficiencias que estos presentan, el conocimiento de sus planteamientos.
Por las razones expuestas, la denuncia examinada por infracción de los ordinales 4° y 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, debe ser desechada por improcedente. Así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
CO-DEMANDADO ALFREDO JOSÉ FLORES GONZÁLEZ
I
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la violación por parte de la recurrida de los artículos 463, 464 y 466 ibidem, todos por falta de aplicación, con la argumentación siguiente:
“…Nuestra representada ha puesto de relieve a todo lo largo del presente juicio, que constituyó un motivo que inficiona la validez y eficacia probatoria de la experticia promovida por la parte actora, para establecer el valor de los inmuebles objeto de las ventas cuya simulación pretende, el hecho de que los expertos incumplieron con la obligación formal y trascendente que impone el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, de señalar, con veinticuatro horas de anticipación por lo menos, “el día hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias”,
Como se observa, la recurrida resta toda trascendencia a la formalidad en el citado artículo 466, desviando el propósito del precepto, cuando llega a ofrecer como razón para su punto de vista el que “…los expertos solicitaron por escrito el tiempo que requerían para consignar el informe avalúo al tribunal, de cinco días, lapso en que se podía presumir se llevarían a cabo dichas diligencias” pero, es claro que una cosa es el lapso para efectuar la experticia que debe el juez controlar, y otra el dejar constancia en los autos de cuándo y dónde se iniciarán las diligencias.
El planteamiento de nuestra mandante tiene el carácter de una reclamación con un claro fundamento legal, pues la falta del cumplimiento de un requisito la validez formal de la prueba de experticia como el dispuesto en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, que produce la invalidez de la prueba por irregularidad en su formación, es decir, por la violación de una regla formal expresa que regula el establecimiento de la prueba de experticia, que debió llevar el juzgador a desechar la prueba y no tomarla en cuenta para su decisión.
La indicada norma, contrariamente a lo que ha apreciado la recurrida, no debe verse con la ligereza de suponer que por su precepto se ha abierto a medias para las partes una posibilidad de hacer algunas meras observaciones de la prueba, sin más, y menos aún, puede pensarse que, en tal virtud, no ha de otorgarse gran importancia al estricto cumplimiento de los extremos legales de forma que dicha norma contiene.
Por el contrario, se trata de una importante disposición por la que se ha querido asegurar a las partes el control de la prueba de experticia, que sirve para desarrollar en el proceso con respecto a la experticia la norma constitucional dispuesta en el artículo 49 de la Carta Magna, según el cual “…toda persona tiene de derecho de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.”.
…omissis…
Es con fundamento en la doctrina expuesta, y por las razones que previamente hemos invocado, que, con expreso apoyo en lo dispuesto por el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la infracción por la recurrida del artículo 466 eiusdem, como norma que regula el establecimiento de la prueba de experticia, cuyo precepto fue abiertamente desconocido por la recurrida a través de una serie de argumentos inaplicables que le llevaron a permitirse una patente violación de dicha norma y entrar a apreciar y valorar la irregular prueba de experticia de los inmuebles a que se viene haciendo referencia, infracción que tiene lugar por falta de aplicación o infracción en sentido estricto, desde luego que mal podía dejar de aplicar la norma en referencia, tal como si la misma no existiera.
Del mismo modo y por las mismas razones, resultaron desconocidas las disposiciones de los artículos 463 y 464 del mismo Código, pues con aquel proceder del juzgador, quedó cerrada toda ocasión para mi mandante de hacer las observaciones a la experticia, en forma tal que dichas observaciones precedieran al informe de experticia, y no como pretende la recurrida, que dichas observaciones fuesen posteriores.
La infracción que acabamos de denunciar tuvo incidencia directa en lo dispositivo del fallo pues el juzgador se valió de la prueba de experticia en comento para considerar vil el precio de la venta de los inmuebles cuya simulación se solicitó, considerando esa calificación del precio como uno de los elementos determinantes para que procediera la declaratoria de simulación…”.
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en la falta de aplicación de los artículos 463, 464 y 466 del Código de Procedimiento Civil, con base en que al momento de analizar la experticia promovida por la parte actora le restó importancia a las citadas normas, pues no verificó que la mencionada experticia, se practicó incumpliendo ciertos requisitos formales exigidos por la ley, lo cual produce como consecuencia la irregularidad de la prueba en su formación.
Los artículos 463, 464 y 466 del Código de Procedimiento Civil, disponen lo que de seguida se transcribe:
“…Artículo 463.- Los expertos practicarán conjuntamente las diligencias. Las partes podrán concurrir al acto personalmente o por delegados que designarán por escrito dirigido a los expertos y hacerles las observaciones que crean convenientes, pero deberán retirarse para que los expertos deliberen solos”.
“…Artículo 464.-  Los expertos están obligados a considerar en el dictamen las observaciones escritas que las partes o sus delegados les formulen, las cuales acompañarán originales al dictamen”.
“…Artículo 466.- Los expertos juntos o por intermedio de uno cualquiera de ellos deberán hacer constar en los autos, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias, sin perjuicio de que la asistencia de las partes a las mismas convalide lo actuado sin tal constancia.”
La Sala considera pertinente pasar a transcribir algunos extractos de la sentencia recurrida, a fin de constatar lo denunciado por el formalizante:
“…El motivo de la impugnación obedeció a que los expertos no dieron cumplimiento a la formalidad establecida en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, por lo que corresponde a esta Alzada establecer si el incumplimiento de dicha formalidad acarrea la nulidad del acto, pues un principio indiscutible en materia de nulidades es que son de derecho estricto, lo que significa que solo pueden ser declaradas en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez, por mandato del artículo 206 ejusdem; y al respecto, observa esta Alzada que no existe una norma expresa ni en el código adjetivo civil, ni en el sustantivo, norma legal que prevea la nulidad de la experticia por la omisión motivo de la impugnación, pues el artículo 1.425 del Código Civil alude sólo a la falta de motivación como requisito para restarle toda validez a la experticia, pero no la anula por la falta de la constancia aludida, tampoco lo hace el Código de Procedimiento Civil, en el capítulo relativo a la experticia, ergo, se hace necesario determinar si dicha omisión constituye una formalidad esencial para su validez, y al respecto, considera esta jurisdiscente, que el hecho de que los expertos no hayan hecho constar en el expediente el día, hora y lugar en que se daría comienzo a las diligencias, no vicia la experticia de nulidad, o le quita validez, por cuanto los expertos solicitaron por escrito el tiempo que requerían para consignar el informe avalúo al tribunal, de cinco días, lapso en que se podía presumir se llevarían a cabo dichas diligencias, pudiendo haber solicitado la parte impugnante la corrección de la omisión de inmediato para así poder hacer las observaciones de ser ese su fin, y no utilizarlo como medio de impugnación cuando éste no está así previsto en la ley, ya que una vez evacuada la experticia, el acto alcanzó el fin perseguido, y la reposición de la causa sería inútil, así como injusta resultaría la desestimación de la experticia por tal omisión, toda vez, que como ya se señaló la ley no lo prevé como causal de nulidad o invalidez, sino que el legislador en todo caso apela a la multa para sancionar a los expertos omisos o remisos en cumplir su encargo; pero nunca a la nulidad de su informe, criterio éste sostenido por la Sala de Casación Civil en sentencia del 20 de octubre de 1988, con ponencia del Magistrado Adán Febres Cordero. OPT N° 10, pág. 89, al cual se acoge esta Alzada como fundamento en el presente caso. Así se decide.
Pasa entonces, esta Alzada al análisis y valoración de la experticia, así: Consta en el expediente que los expertos consignaron el informe avalúo de los inmuebles solicitados por la parte promovente, consta así mismo, que en cada uno de ellos, los expertos establecieron el objeto de los avalúos con una descripción detallada de los inmuebles por sus características intrínsecas, así como de las características de la zona y facilidades. Utilizando en la metodología veinte referenciales del Registro Público, para compra y venta de terrenos similares con respecto a la ubicación de los inmuebles objeto de los avalúos, las cuales constan a los folios 330, 331, 332, 357, 358 y 359 del expediente, es decir, motivando pormenorizadamente las conclusiones finales en cuanto al valor de los inmuebles para la fecha de las ventas cuestionadas, razón por la cual esta sentenciadora les confiere valor probatorio de acuerdo a la sana crítica, toda vez que la prueba de experticia no tiene una regla de valoración expresa, quedando a juicio del sentenciador en cuanto a criterios de racionalidad, lo que efectivamente conduce a esta sentenciadora que tratándose de peritos especializados en la materia objeto de la experticia, que su informe se encuentra redactado en forma lógica y congruente en cuanto a la metodología y marcos de referencia utilizados para el establecimiento del valor de los inmuebles, dicha experticia le merece la suficiente verosimilitud en su contenido, confiriéndole entonces valor probatorio a los montos establecidos y concluidos por los expertos. Así se decide…”.
De la precedente transcripción se desprende que el juez de alzada al momento de analizar la experticia referida al avalúo de los inmuebles objeto de la acción de simulación, estableció que el demandado impugnó el informe practicado por los expertos, con fundamento en el hecho de que no se cumplió con el requisito formal previsto en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, en el que hace alusión a que hay que fijar día, hora y lugar, para dar comienzo a las diligencias, considerando que tal incumplimiento no viciaba de nulidad la experticia, pues así no lo establece la citada norma, ni ninguna disposición de carácter sustantivo y adjetivo, ya que de acuerdo con el artículo 1.425 del Código Civil, el único motivo de impugnación para restarle validez a la experticia es la falta de motivación.
En consecuencia, dado que la experticia cumplió el fin para lo cual fue evacuada y aunado a ello los expertos por escrito solicitaron el tiempo que requerían para consignar el informe avalúo al tribunal, correspondiente a cinco (5) días, de manera pues “…que la parte impugnante la corrección de la omisión de inmediato para así poder hacer la observación de ser ese su fin y no utilizarlo como medio de impugnación cuando este no esta así previsto en la ley…”.
Por tanto, de acuerdo con los razonamientos precedentemente expuestos, se observa que el juez de alzada no incurrió en la falta de aplicación del artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, pues debía verificar: 1) que se cumpliera con la experticia cuya evacuación se había solicitado; 2) que se cumpliera el fin para el cual había sido evacuada y 3) si procedía o no la impugnación interpuesta por la parte demandada conforme a lo previsto en el artículo 1.425 del Código Civil, lo cual fue analizado por el juez, y así se decide.
II
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la violación por parte de la recurrida de los artículos 395 por falta de aplicación y 510 ibidem, por falsa aplicación, así como el artículo 1.422 del Código Civil, por falta de aplicación, con la argumentación siguiente:
“…La presente denuncia guarda en esta formalización, una particular y estrecha concordancia con la denuncia precedente, toda vez que el juzgador de la sentencia recurrida señala que el carácter o categoría como “vil” en el precio de las ventas cuya simulación se pidió, no sólo habría quedado establecido, según la recurrida, en base a la experticia a que la denuncia precedente se contrae, sino con fundamento en una conclusión que se permite extraer el juzgador de lo que supone es un “hecho comunicacional”, cual es, su visión o particular perspectiva sobre una serie de avisos publicitarios relacionados con precios de inmuebles en diversos diarios, que le habrían permitido fijar el valor de dichos inmuebles.
En efecto, la parte actora promovió numerosos avisos de prensa y artículos igualmente publicados en periódicos, relacionados con valor de inmuebles, en el errado propósito de que contribuyeran los mismos a llevar al ánimo del juzgador, cuál era el valor de los bienes inmuebles objeto de las operaciones o negocios cuya simulación demandó. Es evidente, sin embargo, que tal prueba resultaba impertinente o sin alcance, por ser manifiesto que no podía el juzgador tomar razón ni determinación alguna sobre el valor de tales bienes, sino a través de expertos que analizaran de modo particularizado los específicos bienes objeto de aquellos negocios y, con vista de esos particulares y en aplicación de técnicas de valoración apropiadas, fijasen, sólo así, el valor de los mismos. No obstante, apreciará la Sala que la recurrida se permitió discurrir de la manera siguiente:
…omissis…
Se comprueba así que el sentenciador de la recurrida se permite tomar como referencia dichos avisos y, desechando la natural razón de que con tales elementos no se puede en derecho determinar cuál pueda ser el valor de un bien concreto, ni sostener si el precio de venta de esos específicos bienes resulta vil o irrisorio, confiere no obstante eficacia suficiente para hacer, el propio juzgador, un avalúo, pero sin exponer siquiera en qué consistió el mismo, ni el método aplicado, para concluir señalando que el mismo le sirve como instrumento “…válido para llevar al conocimiento del juzgador, la convicción del hecho que se trata de probar, en este caso, el punto de referencia del valor de los inmuebles en el momento en que se realizaron las ventas…”.
Se pone así de bulto la infracción del juzgador, pues, más allá de la evidencia de que se está en presencia de una cuestión de hecho técnica que no puede un juez conocer por su propio conocimiento, es además paladino que hay una incompatibilidad conceptual entre lo que es un hecho comunicacional, que representa un hecho de general y amplio conocimiento para todo un conglomerado social, y aquél hecho constituido por el valor que unos concretos inmuebles puedan tener, de acuerdo a sus particulares y especiales características de conservación.
En nuestro sistema de procedimiento ello sólo corresponde establecerlo a expertos o peritos, debidamente designados. No obstante, el juzgador, repetimos, utiliza tales medios publicitarios y motu proprio, tal como si tuviera él el carácter de experto, se permite afirmar que, con tales medios queda establecido para los efectos de este juicio el valor de dichos bienes y que, por lo tanto, el precio de venta en los negocios cuya declaratoria de simulación se demandó, es vil e irrisorio.
Salta a la vista, ciudadanos Magistrados, que tal proceder es violatorio de la ley desde todo punto de vista y esta conclusión no puede ser paliada por la existencia en los autos de una experticia al respecto, puesto que el juzgador se sirve de ambos elementos de prueba para que converjan como indicios, unido a que mi mandante ha sostenido a todo lo largo de este juicio la ilegalidad e ineficacia de dicha experticia y se denuncia en esta formalización.
No se comprende que el juzgador asuma la posición que tomó con respecto a lo que aquí planteamos, pues, quizás podría admitirse que de esos elementos publicitarios pueda extraerse alguna conclusión más general, como sería por ejemplo, que en un momento determinado en Caracas o en San Juan de los Morros existía oferta de inmuebles, pero, suponer que por tal vía pueda un juez no experto y sin control alguno en la prueba, sostener que un bien concreto pueda valer tanto o cuanto, o que un precio es por tanto vil, es un proceder violatorio de la Ley en varios respectos.
Infringe la recurrida por tal motivo la norma del artículo 1.422 del Código Civil, por falta de aplicación, como norma legal que establece la valoración de los hechos, por ser manifiesto que la determinación del valor de un bien determinado y específico, dentro de un juicio como el de especie, constituye un punto de hecho que no puede ser fijado por el juzgador con su propio conocimiento, ni suponer que el mismo pueda llegar a constituir un hecho comunicacional. Se trata, sin dudas, de una apreciación que conlleva también la violación, por falta de aplicación del artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, como norma legal que regula el establecimiento de los hechos, toda vez que el juez se permite establecer un hecho mediante una actividad que no está recogida ni admitida en nuestro derecho como prueba legal, adviniendo a una suerte de mezcla de la prueba documental con la experticia que no es ni una cosa ni otra, ni subyace a ella un hecho comunicacional, por lo que infringe la norma en la forma delatada.
Al propio tiempo infringe el artículo 510 del código acabado de citar, por falsa aplicación, cuando también se permite hacer que el resultado de dicha experticia concurra con otros hechos, supuestamente establecidos, para que, a manera y con el valor de indicios, sirvan para la demostración de unas simulaciones cuya declaración en verdad no se hacía lugar.
Las infracciones delatadas fueron determinantes para que el sentenciador concluyera, indebidamente, que el precio de las ventas de inmuebles cuya simulación se demandó era vil, y esta conclusión incidió de manera determinante en la decisión de declarar nulas las mismas. Pedimos que esta denuncia sean acogidas con los pronunciamientos correspondientes…”.
…omissis…
Al respecto la Sala en sentencia N° 419 de fecha 19 de junio de 2006, caso: Estacionamiento Grúas San Martín:
“…Consecuentemente con lo antes expresado, se observa, como ya se dijo que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el tribunal admitirá la demanda “si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley”. De lo contrario debe negar su admisión expresando los motivos de su negativa. Ahora bien, el artículo 16 del mismo código señala lo siguiente:
“Para proponer la demanda el actor debe tener interés actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente.” (Subrayado y negrillas de la Sala).
De conformidad con la parte final de la citada norma, las acciones mero declarativas que no satisfagan completamente el interés del accionante no son admisibles, ello en virtud del principio de economía procesal, pues nada hace un tribunal al conocer de una acción que no logra su objetivo, como es declarar certeza sobre un derecho o una relación jurídica que se tiene como incierta, o ventilar un proceso que sólo pretende preconstituir una prueba para un juicio posterior. Por tanto, la satisfacción completa del interés del actor deviene en condición necesaria para la admisibilidad de dicha demanda, que de no cumplirse estaría prohibida por la ley, es decir, por el mismo artículo 16 del Código de Procedimiento Civil.
En tal sentido, esta Sala, en sentencia No 323 de fecha 27 de julio de 2002, Expediente No 01-590, en el juicio de Arcángel Mora contra Ana Ramona Mejías Ruiz, que ratifica el criterio sostenido en fallo No. 495 de fecha 15 de diciembre de 1988, caso Sergio Fernández Quirch contra Alejandro Eugenio Trujillo Pérez y otro, Expediente No. 88-374, expresó:
“…el ejercicio de las acciones de certeza está sujeto a determinados requisitos, que permitan a los jueces determinar su admisibilidad. En efecto, según el texto citado no basta que el objeto de dichas acciones esté limitado a la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, sino que además que el  demandante no pueda obtener la satisfacción completa de su interés mediante otra acción diferente, para que puedan dar origen validamente a un proceso. En este sentido, la propia Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil, presentado a las Cámaras Legislativas el 17 de noviembre de 1975, aclara el alcance y significado de los límites impuestos a las acciones mero declarativas. Así expresa en dichas Exposición de Motivos.
“…notable significación han atribuido los proyectistas a la consagración de una norma expresa sobre el interés que deben tener las partes para obrar en juicio y a la posibilidad de las demandas de mera declaración, que hoy es sólo un principio doctrinal y jurisprudencial deducido del artículo 14 vigente. Se establece así en el artículo 16 del Proyecto, que para proponer la demanda el actor debe interés jurídico actual, y que este interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica.
Sin embargo, a fin de no dejar a la interpretación jurisprudencial el alcance y límites de esta demanda de mera declaración, se acoge en el proyecto la limitación aconsejada por la mejor doctrina, según la cual no es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante pueda obtener la satisfacción completa de su interés mediante una demanda diferente…” (Subrayado y negrillas de la Sala).
De acuerdo con todo lo expresado, el juez ante quien se intente una acción mero declarativa deberá, en aplicación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, observar si la mencionada demanda cumple con el requisito exigido por el artículo 16 eiusdem, es decir, que no exista una acción distinta que satisfaga completamente el interés del actor, pues de lo contrario, por razones de celeridad procesal, dicho tribunal deberá declarar la inadmisibilidad de la demanda…”.
De la precedente transcripción se desprende que para la admisibilidad de una acción los requisitos sine qua nom, son 1) interés jurídico actual, 2) que no hayan otras acciones para poder satisfacer el interés jurídico del actor, en consecuencia, por argumento en contrario, para declarar la inadmisibilidad de la acción de conformidad con el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, sería necesario, que no haya interés jurídico actual y además que hayan otras acciones para satisfacer el interés del actor.
Ahora bien, de lo que se desprende del contenido de la sentencia recurrida se puede observar que el actor tenía interés jurídico en poder ejecutar la sentencia declarada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, de fecha 28 de febrero de 1996, que declaró con lugar la demanda de resolución de contrato de arrendamiento, por la que fue condenado el codemandado en este juicio el ciudadano Alfredo José Flores González, y por supuesto ante la venta de una parte de sus bienes con el objeto de que el acreedor no pudiera cobrar, la única acción que tenía el actor para demostrar la fraudulencia de tales ventas era la acción de simulación, en consecuencia, el juez no podía aplicar la citada norma y declarar la inadmisibilidad de la acción, en consecuencia se declara improcedente esta parte de la denuncia, y así se decide.
En lo atinente al artículo 591 del Código de Procedimiento Civil, observa la Sala que el formalizante establece una fundamentación algo enrevesada que no permite el análisis de esta parte de la denuncia, pues no se entiende en que sentido se infringió la norma y para tratar de juzgarla la Sala no sólo tendría que extremar sus facultades sino además debería descender a las actas del expediente, lo cual solo es posible excepcionalmente por vía de  los tres casos de suposición falsa previstos en el artículo 320 del Código de procedimiento Civil, razón por la cual se desestima esta denuncia, por indebida fundamentación, y así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la co-demandada Carmela Gerratana Cardozo; y 2) CON LUGAR el anunciado y formalizado por la representación judicial del co-demandado Alfredo José Flores González, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en fecha 18 de febrero de 2008. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido, y se ordena al Tribunal Superior que resulte competente, dictar nueva decisión acogiendo la doctrina aquí establecida. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Se condena a la codemandada perdidosa al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y bájese el expediente.
Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación Civil  del Tribunal Supremo de  Justicia, en   Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
Secretario,
Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, expresa su disentimiento con la sentencia precedentemente consignada y aprobada por mayoría de los Magistrados y Magistradas integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la cual declara “…Sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la codemandada Carmela Gerratana Cardozo; y 2) Con Lugar el anunciado y formalizado por la representación judicial del codemandado Alfredo José Flores Gonzáles, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico….”, en atención al contenido y alcance del aparte cuarto del artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal. En consecuencia, salva su voto, en los siguientes términos:
En la decisión de la mayoría, se declara con lugar la tercera denuncia de fondo del recurso formalizado por la representación judicial del codemandado Alfredo José Flores González. La decisión de la mayoría la considero contradictoria en sus fundamentos, por lo siguiente:
Quienes recurren en casación son los codemandados, al haber prosperado la acción por simulación de venta. La decisión de la mayoría casa el fallo por no haber precisado el Juez Superior a quién correspondía la carga de la prueba, “…lo cual era necesario para declarar que no se realizó el pago del precio de la venta (…) debió precisar que la carga de la prueba la tenía la codemandada Carmela Gerratana Cardozo, para rebatir lo expuesto por el actor…” (Resaltado propio).
NO SE ENTIENDE SI LA DECISIÓN DE LA SALA ESTÁ AVALANDO Y ASEVERANDO QUE LA CARGA DE LA PRUEBA LA TENÍA LA DEMANDADA O SI LO MENCIONA CONTINUANDO EL RAZONAMIENTO LÓGICO DEL JUEZ DE ALZADA PARA CONCLUIR EN QUE NO ESTABA EXPRESAMENTE INDICADO EN LA RECURRIDA LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE LA DEMANDADA.
En uno u otro caso, no comparto tal razonamiento por lo siguiente:
Si la Sala está señalando o aseverando que la carga de la prueba la tenía la demandada, entonces, le está dando la razón y coincide con la recurrida, pues, ésta determinó que era la demandada quien tenía que probar lo contrario a lo aseverado por el demandante. De esta forma, se está casando el fallo, pero a la vez se le da la razón a la recurrida quien dio la victoria a la demandante por no haber probado los codemandados que la venta fue real.
La recurrida no hace sino afirmar que era la demandada quien tenía que probar que la venta fue real. La decisión de la Sala está casando el fallo pero llegando a la misma conclusión: que era la demandada quien tenía que probar y, si esto es así, la sentencia no ha debido ser casada SINO RATIFICADA.
Si por el contrario, la Sala no aseveró que la demandada tenía la carga de la prueba, sino siguiendo el razonamiento del Juez Superior para concluir en que no señaló expresamente que era la accionada quien tenía la carga de probar, la Sala de Casación Civil casó el fallo sin saber quién efectivamente tenía la carga probatoria, lo cual por sí lo estimo sumamente grave, y SI TAL NULIDAD TENDRÁ TRASCENDENCIA O NO EN LA SUERTE DE LA CONTROVERSIA, lo cual no puede hacerlo, pues cuando la Sala casa por el fondo debe estar segura si la denuncia es trascendente en la suerte de la controversia, EVITANDO LA CASACIÓN INÚTIL.
EN POCAS PALABRAS, LA SALA DE CASACIÓN CIVIL NO PUEDE CASAR UN FALLO, COMO LO HIZO, POR INFRACCIÓN DE LEY POR NO HABER INDICADO EXPRESAMENTE EL JUEZ DESDE EL INICIO A QUIEN TOCABA LA CARGA DE LA PRUEBA A MENOS QUE EL JUEZ LA HAYA INVERTIDO ILEGALMENTE. En el caso hipotético de que el Juez no lo haya indicado expresamente, pero a la vez distribuyó bien la carga de la prueba, la Sala –léase y reléase- NO DEBIÓ casar el fallo, por cuanto el resultado fue correcto a pesar de no haberlo manifestado en el preámbulo del silogismo.
Pero si se lee con detenimiento la propia transcripción que hizo la mayoría sentenciadora en la sentencia que precede, SE PUEDE CONSTATAR QUE LA RECURRIDA SÍ SEÑALÓ A QUIÉN TOCABA LA CARGA DE LA PRUEBA:
“…No obstante los razonamientos anteriores esta juzgadora arriba a la conclusión que comprobado el hecho de que la venta se efectuó por el codemandado Alfredo Flores González con la anuencia de su cónyuge Reina del Valle García de Flores, al mes siguiente de haberse librado el Decreto Ejecutivo de embargo a favor del acreedor accionante Pablo Piermattei Clericuzio, aunado al precio vil e irrisorio fijado como precio de la venta de Bs. F 600,oo arrojando la experticia un valor real para la fecha de Bs. 7.839, 95 y LA AUSENCIA EN LOS AUTOS DE LA CONSTANCIA DE HABERSE VERIFICADO EFECTIVAMENTE EL PAGO DEL PRECIO DE LA VENTA POR PARTE DE LA CIUDADANA CARMELA GERRATANA CARDOZO, QUIEN ASUMIÓ UNA CONDUCTA PASIVA LIMITÁNDOSE A NEGAR LOS HECHOS INVOCADOS POR EL ACTOR NO APORTANDO A ESTA JUZGADORA ELEMENTOS NECESARIOS PARA INDAGAR LA VERDAD EN CUANTO A LA CANCELACIÓN DEL PRECIO Y CONSECUENTE EGRESO DE SU PATRIMONIO, POR LO QUE A JUICIO DE ESTA SENTENCIADORA NO QUEDÓ DEMOSTRADO DICHO PAGO EN LO QUE SE RESPECTA A ESTA NEGOCIACIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, la valoración de las pruebas en su conjunto y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que convergen en que la ciudadana Carmela Gerratana, en un concierto de voluntad con el vendedor en perjuicio del actor efectuó una venta aparente con la intención de sustraer el bien del patrimonio del demandado, con la finalidad de dejar ilusoria la ejecutoria del fallo…” (Resaltado de quien disiente).
Como puede observarse, la recurrida estableció que el demandante probó lo vil del precio establecido en la venta, realizada a un mes del decreto de embargo ejecutivo a favor del demandante y QUE NO LOGRÓ DEMOSTRARSE QUE EFECTIVAMENTE TAL PRECIO FUE PAGADO. LUEGO INDICÓ QUE LA DEMANDADA “…ASUMIÓ UNA CONDUCTA PASIVA LIMITÁNDOSE A NEGAR LOS HECHOS INVOCADOS POR EL ACTOR NO APORTANDO A ESTA JUZGADORA ELEMENTOS NECESARIOS PARA INDAGAR LA VERDAD EN CUANTO A LA CANCELACIÓN DEL PRECIO Y CONSECUENTE EGRESO DE SU PATRIMONIO…” (Resaltado del disidente).
El Juez de Alzada está señalando en definitiva que la demandada tenía la carga de probar el haber recibido el dinero de la venta, y que además, que éste se limitó a negar los hechos de la accionante en forma pasiva SIN APORTAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEMOSTRAR LA CANCELACIÓN DEL PRECIO Y EL EGRESO DE SU PATRIMONIO, ante las circunstancias antes analizadas que indicaban estar reunidos los elementos necesarios para declarar la simulación. LA RECURRIDA LE ATRIBUYÓ, SIN LUGAR A DUDAS, TAL CARGA DE LA PRUEBA A LA DEMANDADA, POR LO CUAL NO COMPARTO LA AFIRMACIÓN DE LA MAYORÍA QUE CASA EL FALLO POR NO HABERSE DETERMINADO A QUIÉN TOCABA PROBAR.
Reitero que, estando en materia de casación de fondo, se está casando un fallo por no haber precisado a quién tocaba probar, lo cual no comparto, y en todo caso, constituiría un vicio de inmotivación del fallo. Pero vistas las afirmaciones de la recurrida en el sentido expresado, ni siquiera considero que tal vicio de inmotivación se haya materializado.
Temo, en razón de lo expuesto, que estamos en presencia de una casación absolutamente inútil y que pasa por encima de hechos establecidos en la sentencia impugnada que apuntan directamente a la simulación de la venta. Dejo así expresado el fundamento del voto salvado en relación a la sentencia que en este procedimiento ha tomado la mayoría sentenciadora. Fecha ut supra.
RC N° AA20-C-2009-000119
Presidenta de la Sala,
RC N° AA20-C-2009-000119
FICHA:
Expediente : 09-119
fecha: 28/05/2010
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. N° 2009-000119
Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Mayo/RC.000191-28510-2010-09-119.html

Fuente: http://www.tecnoiuris.com/venezuela/hemeroteca/derecho-civil/nueva-jurisprudencia-sobre-la-accion-de-simulacion-acumulacion-valor-de-fotografias-anuncios-accion-pauliana-3207.html

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