Sala Constitucional TSJ, única que puede dictar sentencias que tienen “carácter vinculante”

SENT. DESAPLICACIÓN ART. 177 CONTROL DIFUSO (1380-291009-2009-08-1148)

I

TSJ: Solo Sala Constitucional dicta fallos vinculantes

            La intérprete de la Carta Magna anuló el artículo 117 de Ley Procesal del Trabajo

            La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reafirmó su poderío, al dejar en claro que es la única que puede dictar sentencias que tienen "carácter vinculante"; es decir que sus contenidos deben ser seguidos y acatados obligatoriamente por todos los tribunales, incluidas las demás salas del máximo juzgado.

            La afirmación la realizó la propia Sala Constitucional, en su sentencia 1.380, en la cual declaró con lugar un amparo interpuesto por José Martín Medina contra una sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo del estado Carabobo.

            Al resolver esta acción, la intérprete de la Constitución Nacional también dejó sin efecto el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual reza: "Los jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia".

            El argumento de la instancia judicial para desaplicar la norma fue que la misma contrariaba lo dispuesto en el artículo 335 del texto fundamental, el cual establece: "Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales".

            En el fallo redactado por el magistrado Marco Tulio Dugarte también le salió al paso a la teoría, según la cual los recursos de casación servían para establecer una jurisprudencia y una interpretación uniforme.

            "Esa unidad jurisprudencial a que se aspira por medio de la casación podría ser ilusoria, pues si funcionan varias Salas de Casación -como es el caso (Civil, Penal y Social)- cada una de ellas podrá adoptar interpretaciones opuestas, con lo cual no se logra la finalidad buscada; y segundo, que esta llamada uniformidad de interpretación en el tiempo no es necesaria, pues el derecho, que debe adaptarse a las necesidades sociales del momento, se volvería inerte, pues el progreso jurídico se logra a base de la evolución en la interpretación sana de las leyes", concluyó el magistrado Marco Tulio Dugarte en su ponencia. jalonso@eluniversal.com.  Juan Francisco Alonso. EL UNIVERSAL. 29-11-09.

II

Sentencia N° 1380. Sentencia de la Sala Constitucional, de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Nota del profesor: interesante VOTO CONCURRENTE DEL Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

III

SALA CONSTITUCIONAL

Expediente Nº 08-1148

     Magistrado-Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

     El 16 de marzo de 2009, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSÉ MARTÍN MEDINA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad Nº 3.178.525, asistido por el abogado Luis E. Arráez Azuaje, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 11.851 contra la sentencia dictada el 19 de febrero de 2008, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el juicio que le sigue al Instituto de Diseño de Valencia S.A., por cobro de prestaciones sociales, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

     Practicadas las notificaciones, por auto del 17 de junio de 2009, se fijó la oportunidad para celebrar la audiencia oral de las partes, la cual se realizó el 14 de julio de 2009, y se dejó constancia de que comparecieron los abogados Luis Enrique Arráez y Francisco Ardiles, en representación del accionante en amparo; de la no comparecencia de la Jueza Superior Primera del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Asimismo, se dejó constancia de la comparecencia del abogado Ignacio Ponte, apoderado judicial del Instituto de Diseño de Valencia, S.A., como tercero interviniente; y finalmente se dejó constancia de la presencia de la abogada Lizette Rodríguez Peñaranda como representante del Ministerio Público.

     En la audiencia constitucional, el abogado Francisco Ardiles, en representación del accionante, expuso sus alegatos con relación a la acción de amparo interpuesta, así como lo hizo el abogado Ignacio Ponte, en representación del tercero interviniente, y el representante del Ministerio Público, quien luego de ser oída, consignó de manera escrita los alegatos y opiniones que fueron expresados en dicho acto. Las partes presentes ejercieron el derecho de réplica y contra réplica.

     Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:    

.     En consecuencia, esta Sala Constitucional, en uso de la potestad prevista en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desaplica por control difuso el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, teniendo el presente fallo carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

     Vista la anterior declaratoria se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo la siguiente mención: “Sentencia de la Sala Constitucional, de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”. Asimismo, remítase para su difusión, copia certificada de la presente decisión a los presidentes de todos los Circuitos Judiciales y a todos los jueces rectores del país y destáquese su contenido en el sitio web de este Tribunal.

.

.

.

Decisión

     En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por el ciudadano JOSÉ MARTÍN MEDINA LÓPEZ, asistido por el abogado Luis E. Arráez Azuaje, contra la sentencia dictada el 19 de febrero de 2008, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el juicio que le sigue al Instituto de Diseño de Valencia S.A. SEGUNDO: Se desaplica por control difuso de la constitucionalidad el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

     Publíquese la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo la siguiente mención: “Sentencia de la Sala Constitucional, de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”. Remítase para su difusión, copia certificada de la presente decisión a los presidentes de todos los Circuitos Judiciales y a todos los jueces rectores del país y destáquese su contenido en el sitio web de este Tribunal. Asimismo, remítase copia de la presente decisión al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

     Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 29 días del mes de octubre de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

La Presidenta,

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO El Vice-Presidente, FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ. Los Magistrados, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO.PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ. MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN.Ponente CARMEN ZULETA DE MERCHÁN.ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES  El Secretario, JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

EXP 08-1148

MTDP/

VOTO CONCURRENTE DEL Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz

     El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz aun cuando comparte la declaración con lugar de la pretensión de tutela constitucional que incoó el ciudadano José Martín Medina López contra el acto de juzgamiento que dictó el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 19 de febrero de 2008, sin embargo discrepa de la desaplicación del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, expresa voto concurrente en los siguientes términos:

     En el acto decisorio en cuestión se desaplicó, por control difuso y con “carácter vinculante”, el artículo 177 de la Ley Orgánica del Procesal del Trabajo, a pesar de que no era una norma aplicable, por la Sala, para la resolución del caso concreto, aplicabilidad que es condición sine qua non para el ejercicio del control difuso de constitucionalidad.

     En efecto, el control difuso se describe, básicamente, como aquel en el que todos los jueces y todos los tribunales deben decidir los casos concretos cuya resolución les corresponde de conformidad con la Constitución y “desistiendo de la ley inconstitucional”. En este sentido, es evidente que, en este caso concreto, la Sala Constitucional no tenía necesidad de “desistir” de la ley inconstitucional para la resolución del amparo de autos porque, sencillamente, no es aplicable por ella, ya que ni siquiera es su destinataria (Artículo 177: Los Jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia); por el contrario, para la decisión de un amparo bastan –y deben bastar- las normas constitucionales.

     A quien sí correspondía dicha desaplicación era a la jueza del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, destinataria, ella sí, de la norma, quien debió, en resguardo a los principios y garantías constitucionales (máxime cuando la solución que siguió, además de grave, estaba reñida con la lógica jurídica), resolver la situación que se le planteó a través de la desaplicación, por control difuso, de la disposición en cuestión; como no lo hizo, incurrió en un errado control de constitucionalidad por omisión y, con esta conducta, agravió derechos constitucionales de la parte actora, que es lo que justifica la declaratoria con lugar de esta demanda.

     Así, resulta claro que, como es a los jueces de instancia a quienes va dirigido el dispositivo legal inconstitucional que se comenta, son ellos quienes deben desaplicarlo, en los casos concretos, por su colisión con respecto a las disposiciones constitucionales.

     En razón a lo anterior la Sala, además de que ejerció de forma incorrecta el control difuso, se extralimitó en sus consideraciones y pretendió establecer una doctrina vinculante en términos errados; en primer lugar, porque la sedicente desaplicación no puede ser tal por cuanto es ajena a los límites de la controversia constitucional, límite por excelencia del carácter vinculante de las decisiones de los tribunales constitucionales y; en segundo lugar, porque, con tal carácter vinculante, a lo sumo ha podido señalar el deber de los jueces a quienes se dirige el artículo 177 de la Ley Orgánica del Procesal del Trabajo de desaplicarlo en los casos concretos en que sea necesario, por su inconstitucionalidad.

     Por último, observa quien concurre que la orden de publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la decisión que antecede, podría considerarse violatoria del segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que proscribe, a texto expreso, el control concentrado incidental (con ocasión de un caso concreto, se entiende) si no se le da el alcance correcto, ya que genera, al menos, confusión, acerca del mismo, que, se insiste, no puede ir más allá de la imposición a los tribunales a quienes el artículo en estudio se dirige, de desaplicación, ellos sí, por control difuso, en los casos concretos que juzguen y en los cuales, en principio, deberían aplicarla. 

     Queda así expresado el criterio del Magistrado concurrente.

Fecha retro.

La Presidenta,

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO. El Vicepresidente,. Francisco Antonio Carrasquero López. Los Magistrados, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO.PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ Concurrente. MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN. ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario, JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 08-1148

 

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